Nicolas Boeglin

Este 17 de julio de 2025 se conmemoró un nuevo aniversario de la adopción del Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la efeméride pasó desapercibida en varios países latinoamericanos, incluyendo Costa Rica. En contraste, el día estuvo marcado por decisiones clave de la CPI sobre Gaza, nuevas sanciones de Estados Unidos contra sus funcionarios y una intensificación del cerco judicial sobre autoridades israelíes, mientras persiste un cerco informativo global sobre la situación en Palestina.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce, por primera vez, el derecho a un clima sano como un derecho humano autónomo. En un fallo histórico, establece obligaciones claras para los Estados frente a la crisis climática, con foco en justicia intergeneracional, equidad y protección de grupos vulnerables.

A siete años de su apertura a la firma, el Acuerdo de Escazú continúa generando adhesiones en América Latina y el Caribe, mientras persiste la indiferencia de varios Estados, entre ellos Costa Rica, donde fue adoptado. La reciente incorporación de Bahamas contrasta con el rezago político de naciones que enfrentan graves situaciones de violencia contra defensores ambientales, sin que se concrete su ratificación. La evidencia acumulada en los países que sí lo han implementado desmonta las objeciones económicas esgrimidas por sectores empresariales opositores.

Al no ser Estado Miembro de Naciones Unidas, Palestina no tiene cómo ser Estado Parte del instrumento que crea Naciones Unidas: la carta constitutiva de dicha organización, mejor conocida como Carta de San Francisco, adoptada en 1945. El hecho que Palestina sea "Estado No Miembro Observador" declarado como tal desde noviembre del 2012, le ha permitido ratificar una gran cantidad de tratados internacionales, tales como: el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI) en enero del 2015 o bien, la Convención sobre el Genocidio de 1948, que ratificó en abril del 2014, entre muchos

No está de más señalar que esta posición del juez constitucional costarricense desde el 2017 es más que insólita: una rápida búsqueda permite confirmar que sus homólogos en otras latitudes del continente americano no tienen ninguna reserva en calificar la participación ciudadana en asuntos ambientales como un “derecho”. A modo de ejemplo entre muchos, es el caso de la Corte Suprema de Justicia de Chile así como de la Corte de Constitucionalidad de Colombia o bien de la Corte de Constitucionalidad del Ecuador.