
El dominio
El dominio, también llamado propiedad, representa el nivel de control más alto y completo que una persona puede tener sobre un bien dentro de nuestro sistema legal.
24 de agosto de 2026

El dominio, también llamado propiedad, representa el nivel de control más alto y completo que una persona puede tener sobre un bien dentro de nuestro sistema legal.
24 de agosto de 2026

El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se configura como una garantía constitucional orientada a resguardar condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo de la vida humana.

El derecho ambiental en Chile comprende el conjunto de normas orientadas a proteger el patrimonio ambiental y garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.

En la legislación chilena, los ruidos molestos no son solo una incomodidad subjetiva, sino que se consideran una forma de contaminación acústica que afecta la salud pública y la calidad de vida.

La posesión es una de las instituciones más relevantes del Derecho Civil, pues constituye el puente entre el simple contacto físico con una cosa y el derecho de propiedad.

La mera tenencia es un concepto fundamental en el Derecho Civil que describe la relación de una persona con una cosa cuando esta no es su dueña ni pretende serlo.

El dominio, también llamado propiedad, representa el nivel de control más alto y completo que una persona puede tener sobre un bien dentro de nuestro sistema legal.

El Convenio de Basilea es el tratado internacional más exhaustivo en materia de desechos peligrosos y otros desechos, diseñado para regular su movimiento a través de las fronteras y asegurar una gestión que no dañe la salud ni el entorno.

Los principios ambientales son directrices que orientan la creación e interpretación del derecho ambiental, cobrando especial relevancia frente a la actual crisis ecológica global.

La justicia ambiental integra la protección del entorno con la equidad social, buscando que los riesgos y daños ambientales no afecten de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables.

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional vinculante que fortalece la democracia ambiental mediante el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Los Tribunales Ambientales, creados por la Ley 20.600, son órganos jurisdiccionales especializados que resuelven controversias ambientales y actúan como contrapeso a organismos como el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

La institucionalidad ambiental reúne organismos, normas y herramientas destinadas a proteger el medio ambiente y coordinar la gestión pública, asegurando el equilibrio entre desarrollo económico y protección ecológica.

La participación ciudadana en materia ambiental permite a las personas influir en decisiones que afectan su entorno, consolidándose como un pilar de la democracia ambiental y la gobernanza moderna.

El daño ambiental es toda afectación significativa al medio ambiente que supera los límites legales y exige una respuesta reparatoria, a diferencia del impacto ambiental que es una consecuencia normal de la actividad humana.

El desarrollo sustentable busca equilibrar el crecimiento económico, la protección ambiental y el bienestar social, permitiendo que las actividades humanas se mantengan en el tiempo.

La Evaluación Ambiental Estratégica es un proceso participativo que incorpora consideraciones ambientales en políticas y planes, anticipando sus efectos y promoviendo el desarrollo sustentable desde etapas tempranas.

Los instrumentos de gestión ambiental son herramientas de política pública destinadas a prevenir, mitigar y mejorar los impactos ambientales, promoviendo el desarrollo sin degradar los recursos naturales.

El Ministerio del Medio Ambiente es el organismo rector de la política ambiental, encargado de diseñar planes y programas para proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sustentable, creado por la Ley N° 20.417.

La Superintendencia del Medio Ambiente, creada por la Ley N° 20.417, es el organismo encargado de fiscalizar y sancionar el cumplimiento de la normativa ambiental para asegurar la protección efectiva del entorno.