El jueves 10 de marzo del presente año, el pleno de la Convención Constitucional sometió a discusión y votación el informe elaborado por la Comisión de Derechos Fundamentales, aprobando 14 de las normas propuestas, las cuales avanzaran para su discusión y votación en particular. Dentro de las normas aprobadas, se encuentra aquella que busca consagrar una gama de Derechos Sexuales y Reproductivos, entre los cuales se encuentra el derecho a que una persona pueda abortar de manera libre e informada, sin indicarse (al menos de momento) un límite de tiempo para aquello. De este modo, esta norma está a solo un paso de quedar consagrada en el texto constitucional que será sometido al plebiscito de salida, en los próximos meses.

Esto es cuestionable desde el punto de vista de la cohesión política y social que se debería apuntar a lograr en la nueva Constitución y que es tan necesaria para el desarrollo del país en los próximos años, pues es necesario recordar nuevamente que constitucionalizar un debate es dejarlo cerrado para el futuro. Acá cabe preguntarse, ¿se encuentra este debate en condiciones de dejarlo cerrado y sellado bajo quórum calificado? Pareciera ser que no, considerando lo dividido de la opinión en relación a esta materia, a nivel general de sociedad y no solo de los actores políticos, lo cual quedó en evidencia mediante el proceso de presentación de iniciativas populares de norma.

En efecto, cabe recordar que el martes 2 de febrero de 2022, a las 23:59 horas, finalizó el período para apoyar iniciativas populares de norma, respecto de lo cual sabemos que aquellas iniciativas que contaban con más de 15.000 apoyos, lograban insertarse para ser discutidas dentro de la Convención Constitucional y votadas en esta. Aunque ello no implicaba que dicha iniciativa necesariamente seria aprobada (como hemos comprobado en las últimas semanas). De todas maneras, independientemente de aquello, el hecho de que una de las iniciativas populares de norma contase con una gran cantidad de apoyos, daba cuenta de que dicha propuesta lograba encauzar alguna pretensión que es importante para un sector importante de la población.

Durante este proceso, se presentaron iniciativas populares de diversas índoles, en diferentes materias, algunas incluso que se podrían clasificar de opuestas entre sí. En este sentido se puede hablar de la propuesta Nº 5.938, titulada “SERÁ LEY”, que busca regular y garantizar constitucionalmente el libre e informado ejercicio de los Derechos Sexuales. Esta iniciativa llegó a obtener 38.198 apoyos. Luego de aquello, al interior de la Convención, un grupo de convencionales feministas presentaron un marco de derechos sexuales y reproductivos para la nueva Constitución, dentro de lo cual se contemplaba la iniciativa popular de norma referida, y que corresponde a la norma recientemente aprobada por el pleno de la Convención. Por otro lado, y en un sentido opuesto, se encontraba la propuesta Nº 4.138, titulada “DERECHO A LA VIDA”, a la fecha de hoy rechazada en la Comisión de Derechos Fundamentales, que buscaba que se consagre constitucionalmente el derecho a la vida desde la concepción, estableciendo la inviolabilidad de la dignidad humana desde aquel momento, señalando como un problema a solucionar y una amenaza al derecho a la vida del no nacido, la actual ley vigente del aborto en 3 causal, y la eventual dictación de una ley que consagre el aborto libre. Esta iniciativa también superó los 15.000 apoyos, llegando a tener 31.280 de estos. Asimismo, al interior del órgano constituyente, un grupo de convencionales mediante el boletín N° 5-2, presentaron una propuesta de norma, que, en términos similares a la iniciativa popular, buscaba consagrar el derecho a la vida y el principio de primacía de la persona humana, iniciativa también rechazada en la comisión respectiva.

Cómo resulta evidente, ambas iniciativas vienen a ser contradictorias en lo medular, ya que lo que uno ve como un problema a solucionar, la otra busca que se garantice su ejercicio de manera constitucional. Esto formaba un escenario complejo, toda vez que ambas iniciativas sobrepasaron con creces los 15.000 apoyos, dando cuenta de este modo, que ambas posturas cuentan con un apoyo importante dentro de la población, a la vez que cada una de estas propuestas cuentan con apoyo de diferentes convencionales al interior de la convención, tal como se señaló.

Esta primera aproximación debía ser suficiente para moderar los ánimos y las pretensiones en ambos sectores, en cuanto a que su posición quede completamente consagrada a nivel constitucional. El solo hecho de que estas dos iniciativas populares de norma, que son irreconciliables en su núcleo, hayan sobrepasado los apoyos necesarios para ser colocadas sobre en el centro de la discusión de la Convención, debería haber dado una señal más que clara para que aquellos convencionales más razonables puedan aproximarse con prudencia a este tema, entendiendo que es un punto para nada pacífico, no solo al interior de la Convención, sino que a nivel país. Dicha división de opiniones ha mantenido también su correlato en lo que se ha visto en el Congreso Nacional, donde hasta este punto de nuestra historia se había mantenido la discusión en torno a despenalizar o legalizar el aborto, por ser naturalmente, dentro de nuestra historia institucional, una materia de ley, y donde hace tan solo 5 meses, fue rechazado un proyecto de ley que buscaba consagrar el aborto libre, en términos similares a lo aprobado recientemente por la Convención Constitucional.

En este punto conviene recordar aquellas frases y slogan tantas veces enunciados durante el período de campaña previo al plebiscito de entrada al proceso constituyente, donde se señalaba a la Constitución como “la casa de todos”, metáfora tantas veces utilizada  y que evoca la idea de que la Constitución debe recoger, en cierto modo, la visión de todos y todas, una suerte de acuerdo sobre las cosas básicas y esenciales que constituyan el marco o la base sobre la cual se edifique el país. Este razonamiento, aplicado en este caso, invita a los convencionales en dejar de insistir tozudamente desde sus trincheras y que ocupen su tiempo y esfuerzo en buscar acuerdos, a fin de llegar a construir normas básicas y esenciales. No entender aquello oportunamente, no provocará sino colocar en peligro la victoria del apruebo en el plebiscito de salida, pues el hecho de que ciertos sectores estén utilizando este momento histórico, para que mediante el aprovechamiento de su mayoría transitoria en el órgano constituyente, instauren normas elaboradas desde el seno de su trinchera identitaria, no escuchando otras voces distintas a las suyas, y cayendo en el peligro de replicar aquello que nos trajo hasta este punto, esto es, una constitución no representativa de toda la sociedad en su conjunto, y que no hace sino impedir la autogobernabilidad de un pueblo.

Esta idea, de abandonar las trincheras identitarias y abrirse a buscar acuerdos, es replicable para muchos otros debates que se han dado y se seguirán dando en el transcurso del proceso constituyente.