Tasación de inmueble patrimonial
Casa de Allende: ¿Qué dirá el Tribunal Constitucional?
En nuestra opinión, ellas desconocían las normas de la Constitución y le dieron poder a un abogado inepto para que firmara la escritura de compraventa con el Fisco y por ello ahora será el adusto TC quien tiene la última palabra. Pero, tal como lo ha dicho el abogado constitucionalista, Jorge Correa Sutil, los diputados de derecha denunciantes tendrán que explicarle a dicho tribunal en qué consiste el presunto acto de corrupción, "acreditando que el contrato era más beneficioso que vender el inmueble en el mercado".
El próximo jueves 23/01/2025 el Tribunal Constitucional (TC) analizará las solicitudes de destitución de la senadora Isabel Allende y a pesar de que ya hemos entregado nuestra opinión en este medio de prensa, ahora entregando antecedentes de fondo sobre la materia, volvemos a la carga en este confuso capítulo demostrativo de diversos errores cometidos por funcionarios del gobierno de Boric.
Pues bien, encontramos muy atingente la crónica publicada el pasado sábado 18 de enero en un medio de circulación nacional titulada «Tasador judicial, sobre compra de casa de Allende: Darle valor de mercado a un monumento no tiene sentido», en el cual entrega su convincente opinión el experto Demetrio Benito Olas, la que compartimos plenamente, pues lo lógico en este episodio era haberla declarado oportunamente Inmueble Patrimonial por el Consejo de Monumentos Nacionales o bien Inmueble de Conservación Histórica por la municipalidad de Providencia y después el Ministerio de Bienes Nacionales la pudo adquirir en el precio que tenía conforme a esa afectación. En todo caso, se debe decir que el inmueble protegido, teniendo cualesquiera de esas categorías, está exento del pago de contribuciones de bienes raíces.
En tal sentido ya se sabe que la antigua casa pareada de 2 pisos de Allende, localizada en la calle Guardia Vieja 392, comuna de Providencia, región metropolitana de Santiago, emplazada en un terreno de un poco menos de 450 m2, se rige por las normas urbanísticas contenidas en el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC), que fija para ese sector una altura máxima de 12 pisos. Es posible que el gobierno livianamente sostuvo que en el terreno de ese inmueble demolido se podía posibilitar un lucrativo proyecto inmobiliario en altura, en razón de la permisiva regulación urbana local y por ello determinó el subido precio de $ 933.000.000 a pagarle a las dueñas del mismo.
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