Derecho humano al debido proceso penal.

La aplicación en la actualidad del antiguo sistema de procedimiento penal, conjuntamente con el nuevo, significa una brutal violación a la garantía constitucional de igualdad ante la ley y del derecho humano al debido proceso; y constituye una discriminación arbitraria prohibida constitucionalmente.

La aplicación del antiguo sistema que no respeta tal derecho humano, conjuntamente con el nuevo que sí lo respeta y que vino en reemplazar al antiguo, se debe a la aplicación de la disposición constitucional octava “transitoria”, que fue establecida para salvar tal discriminación durante el tiempo que tomó la implementación de la reforma procesal penal en forma gradual debido a la gran magnitud de la reforma —entre el 16 de diciembre de 2000 y el 16 de junio de 2005— puesto que durante ese tiempo en unas regiones ya había entrado en vigor el nuevo sistema y, en otras, seguía vigente el antiguo. Cuando el nuevo sistema procesal penal entró en pleno vigor en todo el territorio nacional, el 16 de junio de 2005, las normas que permitían la coexistencia de dos sistemas procesales penales perdieron su ratio legis (“razón de la ley”).

Dichas normas fueron establecidas, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, para “regular la entrada en vigencia del Código Procesal Penal”. Consecuentemente, a contar del 16 de junio de 2005, cuando el nuevo sistema procesal penal entró en pleno vigor en todo el territorio nacional, y ya no existían unas regiones en las que se aplicaba el sistema antiguo y en otras el nuevo, tales normas quedaron derogadas tácitamente.