En la reciente aprobada ley que busca “erradicar la violencia en contra de las mujeres”, se ha incluido una norma que establece que “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover una educación no sexista”. Nuestro Código Civil en su artículo 22 señala que “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio”; la pregunta que surge es ¿cuál es el sentido natural y obvio de una expresión como la señalada? La disposición es tan amplia como imprecisa, lo que no permite dar una respuesta clara y contundente, quedando al criterio de cada cual.

Dado lo anterior, y como ya lo estamos comprobando, quedamos a la interpretación que el Ministerio de Educación quiera dar a la norma y al evidente riesgo que en un gobierno como el actual – altamente ideologizado – su aplicación sea la vía para introducir en la formación sexual y afectiva de niños y adolescentes los particulares y controversiales postulados de la “ideología de género” que sectores políticos de sesgo izquierdista buscan sean los que de manera oficial, única y excluyente rijan en nuestra sociedad.

La ambigüedad de la norma en comento atenta contra un principio básico de todo ordenamiento legal cual es la certeza jurídica, entrega la posibilidad a gobiernos ideologizados de introducir en mentes en formación sus principios como los únicos aceptables y válidos en la vida social y atenta contra disposiciones constitucionales expresas que consagran el derecho de los establecimientos educacionales de regirse por sus propios proyectos educacionales y el derecho preferente de los padres de decidir sobre la educación de sus hijos.

La gravedad de esta norma explica la inmediata reacción de organizaciones de padres, profesores, expertos en educación y la opinión pública en general advirtiendo el evidente riesgo que ella supone para la vigencia en nuestro país de un sistema educacional libre y pluralista.

Francisco Bartolucci Johnston

Abogado