El Acuerdo de Escazú y la protección de personas defensoras de derechos humanos.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), es el primer tratado en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Por la labor que realizan, se encuentran entre las más expuestas a amenazas, agresiones e incluso asesinato en América Latina.

Chile, que es parte del Acuerdo de Escazú desde 2022, no cuenta hasta el momento con un diagnóstico respecto de la situación y peligros que enfrentan en el país los individuos defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Tampoco existe una ley específica que reconozca y proteja su labor, y los organismos del Estado no tienen un sistema de registro que permita identificar o cuantificar los casos de agresiones o amenazas de las que son objeto dichos sujetos.

El Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú Chile 2024-2030, aprobado en abril por el Gobierno, contiene una serie de medidas destinadas al cumplimiento de los compromisos contenidos en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que establece que los Estados parte deberán “garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.