El ejercicio del Derecho a la Educación en este periodo de Covid-19 en Bolivia. Un pronunciamiento del Tribunal de garantías constitucionales

La propia existencia del derecho constitucional tiene como presupuesto la limitación del poder y, en consecuencia, la garantía de esferas de libertad.

Al mismo tiempo, para que esta limitación resulte eficaz y, por consiguiente, la Constitución Política del Estado (CPE) se encuentre dotada de auténtica fuerza normativa, que importa contar con la presencia de mecanismos de garantías que los Tribunales Constitucionales (TC) deben desplegar, no quiere decir que el control termine con -decisiones novísimas- inadaptable a la realidad de pandemia y distante del principio de ponderación de valores fundamentales.

La existencia de controles sobre los poderes del Estado supone, entonces, el presupuesto y la consecuencia de la propia concepción de la normatividad de la Constitución como artífice de derechos fundamentales, en este orden el derecho constitucional ordena jurídicamente determinadas relaciones de poder, fijando límites explícitos o implícitos con la finalidad de evitar los abusos derivadas de las decisiones puramente arbitrarias y dotando al sistema de la imprescindible seguridad jurídica.