¿Hay justicia en la justicia?

Hemos leído con atención algunas cartas y opiniones que han salido en este y otros medios, abordando diferentes casos sobre militares (R) condenados por delitos cometidos durante el gobierno militar. Uno de ellos, sucedió en octubre de 1973 en el Regimiento “Húsares” de Angol, donde lamentablemente murieron ejecutados dos jóvenes, motivo por el cual se instruyó un proceso a cargo del Ministro de Fuero don Fernando Carreño Ortega de la Corte de Apelaciones de Temuco, causa que, en el año 2005, la Corte Suprema dictó sentencia y condenó a 10 años al autor confeso recaído en el segundo comandante del regimiento, no obstante, lo anterior la misma Corte Suprema le aplicó la prescripción del delito.

Se suponía que la causa estaba juzgada, no obstante, 9 años después, en el año 2014, durante el primer gobierno de Piñera, su subsecretario del interior Rodrigo Ubilla, reabrió la causa y se querelló contra todos los posibles coautores.

La Corte de Apelaciones de Temuco designó como Ministro Extraordinario al juez Álvaro Mesa Latorre, quien procesó y luego condenó a todos los oficiales y algunos clases y conscriptos del citado Regimiento..Es así que el ministro Mesa condenó a 7 oficiales como autores a la pena de 19 años, 1 conscripto también como autor a la pena de 15 años, 1 oficial y 1 conscripto como cómplices a la pena de 13 años, y 1 oficial y 1 soldado primero como encubridores a la pena de 5 años, todas penas efectivas. Los oficiales condenados eran más, pero dado a que la investigación se prolongó por más de 10 años, fallecieron en el transcurso del tiempo un mayor y tres capitanes. Lo insólito en este caso, es que el autor confeso, o sea quien dio la orden de la ejecución recibió una condena de 10 años y luego la Corte Suprema le aplicó la prescripción, y los que ni siquiera presenciaron el fusilamiento fueron condenados a penas altísimas. Su única razón de estar condenados fue la mala fortuna de estar en el Regimiento la noche de los hechos.