¿Hubo «buena fe» de los hermanos Jalaff para su proyecto Parque Capital?

A raíz de la divulgación del contenido del celular del multifacético abogado Luis Hermosilla, con anterioridad en algunos medios hemos publicado nuestra opinión sobre el proyecto inmobiliario de bodegaje denominado “Parque Capital» de los inversionistas Antonio y Álvaro Jalaff, motivo por el cual, por considerarlo interesante, es necesario dar cuenta de algunos hechos referidos a este terreno rural de unas 400 hectáreas localizado en la comuna de Lampa.

Pero antes se debe tener presente que el ministro, Carlos Montes, la semana pasada puso término al sumario administrativo por el negocio aludido pues, en la tramitación del mismo está involucrado el exministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, razón más que suficiente para que se hayan trasladado los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esto se une a la investigación que ha iniciado la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra del mismo Ward por haber aparecido su nombre en los chats de Hermosilla, como autor de presiones al Seremi Minvu, Manuel José Errázuriz, para que le diera la aprobación inicial a la inversión en comento. No podemos perder de vista que Ward también tiene su pecadillo por la pérdida de 2 mil y tantas hectáreas del Parque Nacional Patagonia, hecho acontecido en el año 2018, cuando él ejercía el cargo de ministro de Bienes Nacionales. En este caso el fiscal de Aysén, Carlos Palma, sin razonamiento alguno, se ha negado a investigar la denuncia interpuesta por el sociólogo y empresario turístico Andrés Gillmore.

En el sumario del Minvu, entre otras cosas, se constató un cambio de criterio interpretativo, que autorizó el desarrollo de actividades productivas de impacto similar al industrial (bodegas) en un sector donde el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) solo autoriza actividades silvoagropecuarias y agroindustrias que procesen productos frescos. Sabemos que la Contraloría General de la República ha dictaminado que, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), dicho instrumento de planificación territorial tiene la potestad para definir con precisión el tipo de actividades permitidas en el área rural de la región.