Insurrección revolucionaria y legítima defensa

Muchas personas piensan que estamos viviendo una mera crisis social o un “estallido social”. Ellas no comprenden que estamos ante una insurrección revolucionaria, cuyos líderes —claramente identificables— buscan el derrocamiento de la autoridad legalmente constituida y hacerse con el poder total.

Esta insurrección se lleva a cabo a través de la violencia, el caos y la destrucción —mediante actos terroristas, vandálicos y de guerrilla urbana; la ocupación territorial de diversos sectores en las principales ciudades del país; ataques sistemáticos de elementos subversivos a cientos de comisarías y cuarteles de las Fuerzas Armadas, y agresiones gravísimas a Carabineros y a miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, incluyendo el uso de bombas Molotov y armas de fuego— cuyo objetivo es desmantelar la actual institucionalidad que nos rige, que establece las bases de una sociedad libre, y sustituirla por otra colectivista, igualitarista, estatista y totalitaria.

Así, utilizando como fundamento determinadas demandas sociales, el aparato revolucionario ha logrado imponer, a través de la violencia y la coacción, un acuerdo político que llevará a la realización de un plebiscito para decidir la redacción de una nueva Constitución. Una eventual nueva Carta Fundamental, impuesta por la fuerza, adolecería de una ilegitimidad de origen.