La tramitación digital de causas, ¿facilita o entorpece el acceso a la justicia?

La sociedad en general, a nivel global, se ha visto transformada con la evolución tecnológica. Dicha modernización, por cierto, se ha visto reflejada en la administración de justicia. En nuestro país, la tramitación digital de causas en el sistema procesal ha significado un gran avance, pues no sólo ha ayudado con la gestión de los tribunales, sino que ha facilitado el acceso a la justicia, en principio, para toda la ciudadanía.

No se debe ignorar que existen dificultades en el tránsito de un sistema judicial en el cual predominaba la presencialidad y el uso de los documentos en formato físico, a un régimen en el que ni siquiera es necesario estampar la firma manuscrita y/o la huella digital en el instrumento que será presentado ante un tribunal. No obstante, para tener una visión panorámica de esta transición, no basta con tener en la mira al público que habitualmente recurre a este servicio, sino que es necesario contemplar las perspectivas y recoger las experiencias de los grupos que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad, los cuales, ante este cambio de paradigma, pueden verse mayormente perjudicados, ya sea porque en el antiguo procedimiento ya se veían limitados para ejercer adecuadamente sus derechos, o bien, porque en la actualidad, se encuentran enfrentados a barreras digitales (tales como el analfabetismo tecnológico, la falta de dispositivos electrónicos o dificultades para acceder al servicio de internet) o económicas que entorpecen su acceso a la justicia.

En efecto, como ya se anunció, los procedimientos judiciales en nuestro país no siempre fueron digitales; por el contrario, este cambio en la forma de tramitar los juicios fue implementado de forma gradual, siendo el mayor cambio aquel contemplado en la Ley N° 20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil, para Establecer la Tramitación Digital de los Procedimientos Judiciales (2015). Dicha norma, que marca un hito en el sistema procesal civil chileno, instaura una serie de medidas que buscan acercar la justicia a la población, tales como la revisión de las causas judicializadas desde un dispositivo electrónico, la presentación de documentos de manera digital –los cuales se entienden correctamente firmados mediante la Clave Única-, creando una plataforma especial para tales efectos, esto es, la Oficina Judicial Virtual (OJV)-; la comparecencia a audiencias de manera remota (no sólo de las partes y sus representantes, sino también de testigos, peritos, y/u otros intervinientes), e incluso, la realización de gestiones sin contar con patrocinio de un abogado (tal es el caso del “Trámite fácil”, al cual se puede acceder desde la OJV).