Las instituciones están funcionando a punta de filtraciones.

Años atrás, el presidente Lagos, ante una crisis durante su gobierno, acuñó la frase “dejemos que las instituciones funcionen”. Era una buena estrategia para esa época en que había confianza en las instituciones, pero hoy estas cargan con una tremenda desconfianza de la ciudadanía y parecieran estar funcionando a punta de filtraciones.

Uno de los pilares fundamentales de convivencia social es la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, sobre todo aquellas que son garantes del Estado de Derecho. Lamentablemente las instituciones del Estado, y como consecuencia de su propio actuar, han ido perdiendo reputación y aumentando su desconfianza. Ministerio Público (Fiscalía), Tribunales de Justicia y Congreso se encuentran entre las de más baja reputación, siendo los partidos políticos quienes cierran la lista.

La reforma procesal penal ya lleva 20 años de implementación en nuestro país, y se destacaba la transparencia como una de sus grandes contribuciones a la sociedad y al sistema de justicia, basado en que su actuar debía ser de cara a la ciudadanía. También fue un aporte la Ley de Transparencia del año 2008, formalmente conocida como Ley N.º 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Es indudable que ha habido avances respecto del secretismo del antiguo sistema, pero estamos lejos de la transparencia necesaria en un Estado de Derecho.