Los derechos humanos no se negocian.

En el marco de la discusión sobre el Presupuesto 2025 y después de anunciarse un monto de $1.000 para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) –el mínimo posible–, este jueves el Senado repuso la asignación presupuestaria para el instituto, eso sí, con tres indicaciones que atentan directamente contra la esencia de los institutos nacionales de derechos humanos en el mundo: la autonomía.

Históricamente, el INDH chileno ha gozado de la mayor calificación posible (A) otorgada por el sistema universal según los Principios de París, dato que no parece importarle a quienes han puesto en duda su utilidad, su funcionamiento y ahora su presupuesto. La escasa comprensión que muchos y muchas parecen tener de la relevancia crucial que una institución como esta tiene para nuestro país resulta muy preocupante.

Chile necesita un INDH robusto, que pueda relevar de forma autónoma e independiente las brechas que el Estado de Chile tiene en materia de derechos humanos, y para ello debe tener garantizada su autonomía jurídica, operacional y financiera. Si se minan sus cimientos, se mina también toda la institucionalidad dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos y con ello, todo el sistema ligado a la materia. Serán precisamente los grupos históricamente vulnerados quienes se vean más afectados por esta decisión.