Los profesionales letrados a la oficialidad de Carabineros.

Septiembre finaliza con el cambio de mando en la dirección general de Carabineros. El general (r) don Ricardo Yáñez deja su cargo para ser sujeto de formalización, siguiendo así (a modo de lealtad institucional con sus deberes constitucionales) la polémica y tensa “doctrina Tohá”; ha asumido, a efectos de dar – en sus palabras – una “señal de continuidad y tranquilidad para la institución policial” don Marcelo Araya Zapata, ex general inspector dentro de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad. Quizás, el capital profesional del nuevo director general radica en su doble formación, por un lado, la de un oficial de la institución de Carabineros y, por otro, la de abogado.

No es extraño encontrar dentro de las filas de Carabineros, personal que además de su calidad de funcionario tiene, previo o durante los años de servicio activo, una profesión de nivel técnico o universitario por fuera de las especialidades ofrecidas por la propia institución. En este sentido, los requisitos de ingreso – en particular el corte de edad (30 años) – es mucho más “democrático” e integrativo para los profesionales que ven en Carabineros la oportunidad de servir de la forma más comprometida y noble a la Nación: volverse parte del cuerpo de especialistas de la seguridad y colaboradores de la pacificación social en los lugares más extremos y bajo las circunstancias más complejas del territorio y contextos socioeconómicos y políticos de la ciudadanía, es sin duda una entrega al país. Carabineros es la presencia y voz del Estado allí donde la Administración Pública no puede llegar.

Hago presente estas reflexiones, nuestro gremio, en cuanto auxiliares de la administración de justicia, poco y nada – salve que se cuente con algún curso de especialidad o el ejercicio de la profesión esté abocado a materias de seguridad interior del Estado y actividades en conjunto con los agentes policiales en general, como sería el caso de los abogados que ejercen dentro del Ministerio Publico o la Defensoría Penal Pública o sean miembros colabores civiles de alguna institución de las fuerzas de orden y seguridad – nuestro principal acercamiento normativo, teórico y práctico con el Estado policial es apropósito del Derecho Penal sustantivo y procesal. Escaza es en nuestra formación el tópico de Democracia, Estado Policial y Seguridad Publica, en cuanto disciplina de muy especial lugar dentro del Derecho Público, pues el Orden y Seguridad Interior del Estado, más allá de la concreta modulación normativa, es el brazo monopolizado del uso de la fuerza dentro de la formación del Estado Nación que se erige republicano, democrático, de Derecho y de herencia Liberal.