En su conocida video columna editorial Comentarios Bío Bío TV, el comunicador Tomas Tomás Mosciatti afirmó lo siguiente: «…la policía, la policía de investigaciones lo comenta privadamente, pero todos lo sabemos, ellos dicen que cada 100 venezolano que entra 40 de ellos tiene problemas con la justicia, 40 % al menos han cometido delitos…«.

Esta afirmación del comunicador no está fundada en cifras oficiales o académicas, ni en información suministrada por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales. Solo funda sus dichos en «conversaciones privadas». La difusión de tales mensajes representa un obstáculo a la integración de la población migrante en el país, en tanto, como bien es sabido las distintas comunidades migrantes están lejos de reflejarse entre las cifras más altas de comisión de delitos.

En efecto, algunos extranjeros delinquen, así como algunos nacionales también lo hacen. Sin embargo, imputar la delincuencia a las comunidades extranjeras, agrava su situación de vulnerabilidad y potencia los prejuicios sociales, afectando los procesos de inclusión e integración. La percepción de la sociedad, bajo esta mirada, puede transitar rápidamente de considerar al extranjero como sujeto a quien debemos acoger a considerarlo como el enemigo.

Sobre esta última idea, ya desde 2018 diversos estudios de opinión documentaron que una de las preocupaciones de los chilenos en relación con la migración es la seguridad ciudadana (59 % de los encuestados expresaron esa preocupación). Sin embargo, es importante ver las cifras para afirmar que la participación de extranjeros en la comisión de delitos es bastante marginal.

Un estudio del Servicio Jesuita a Migrantes, que evaluó la incidencia de la migración en la seguridad ciudadana, determinó que no se encuentra evidencia que el aumento de migrantes residente en Chile se asocie con un aumento en la tasa de delitos a nivel nacional. En 2019 sólo el 1,4% de la población extranjera tuvo relación con el sistema penal en calidad de victimaria (lo cual fue un 4,1% en la población total que habita Chile). Además, entre los años 2010 y 2019 la cantidad de personas extranjeras que han sido víctimas es casi el doble (1,6) de las que han sido victimarias.

Mas recientemente, Rodrigo Ríos Álvarez, analizando datos de la Mesa de Acceso a la Justicia de Migrantes y Extranjeros, advirtió un descenso relevante de delitos cometidos por extranjeros entre 2019 y 2020; y aprecia que: “la única alza considerable es precisamente aquella asociada a la categoría «otros delitos», y que se corresponde con aquellos contra la salud pública. Si se analizan en detalle los datos contenidos en este informe, se puede advertir que, de las 66.293 personas de nacionalidad extranjera detenidas en el año 2020, 40.088 (60,4%) de ellas lo fue bajo imputaciones vinculadas con delitos contra la salud pública en el contexto de la pandemia, particularmente detenciones asociadas al delito del artículo 318 del Código Penal”.

Hasta ahora, la relación entre migración y delincuencia es una mera percepción basada en estereotipos raciales, étnicos o nacionales o en la ocurrencia de hechos. En tal sentido, como afirma el académico Raimundo Undurraga, es importante confeccionar serias y durables políticas públicas contra la delincuencia y el crimen organizado; y no promover la estigmatización de la comunidad migrante radicada en el país. Esta tarea no solo corresponde al Estado, también es fundamental el rol de los medios de comunicación quienes deben afinar el lenguaje y el alcance de asociaciones discursivas que pueden resultar infundadas.

El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de los Derechos Humanos de los Migrantes, ha señalado como obstáculo social la culpabilización deliberada de los migrantes por los problemas graves internos, lo cual los convierte en víctimas de violencia y violaciones de sus derechos; y alienta a los medios a que difundan información objetiva sobre la migración, los migrantes y sus derechos.

 

Luis Guillermo Palacios Sanabria

Profesor de Derecho Público

Director del Departamento de Derecho Público

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  | Universidad San Sebastián