Quisiera llamar la atención sobre un caso que, aunque local, tiene profundas implicancias para la democracia y el respeto a la voluntad popular en Chile. Me refiero a la inhabilitación de Ariel Miranda Vallejos, alcalde electo de Ñiquén, quien fue impedido de asumir su cargo por una resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en un proceso que, a juicio de muchos, está plagado de irregularidades y cuestionamientos.

Ariel Miranda fue elegido en octubre de 2024 por la mayoría de los habitantes de Ñiquén en un proceso electoral transparente. Sin embargo, el Tricel, en el marco del caso Rol N.º 863-2024, emitió una orden de no innovar el pasado 2 de diciembre, apenas cuatro días antes de que asumiera su cargo, dejando a la comuna sin su autoridad legítima.

Los argumentos para esta inhabilitación se basaron en un decreto de destitución administrativa y una supuesta inhabilidad por litigio laboral. Sin embargo, el decreto que el Tricel utilizó como base estaba suspendido por una medida cautelar desde el 18 de noviembre de 2024 y no había sido notificado oficialmente, requisito fundamental para que tuviera efectos legales.

Por otro lado, la demanda laboral que se presentó como evidencia fue desistida el 1 de diciembre de 2024, antes de la vista de la causa.

Lo que preocupa no es solo la posible politización de este fallo, sino el precedente que sienta. En otras comunas del país, alcaldes han asumido sus cargos a pesar de enfrentar medidas cautelares por delitos graves, sin que esto les haya impedido ejercer su mandato.

En el caso de Ñiquén, ¿por qué se aplicaron criterios distintos? Estamos frente a un problema que no solo afecta a una persona o una comuna, sino que pone en riesgo los principios de igualdad ante la ley y respeto a la voluntad ciudadana.

Cuando se toman decisiones bajo criterios desiguales, se abre la puerta a fracturas en la confianza ciudadana y, en el largo plazo, al debilitamiento de nuestra democracia. Este caso exige una reflexión profunda y una actuación inmediata de las instituciones para garantizar que no se vulnere la voluntad popular.

Si permitimos que este tipo de situaciones se repitan, podríamos estar presenciando el inicio de un camino que no queremos recorrer como país.

Ariel Ignacio Miranda Vallejos