Nueva Constitución y la necesidad de consolidar la independencia judicial y fiscal en Chile.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, “(…) la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas”[1].

Actualmente, Chile se encuentra en medio de un proceso constituyente y será el pueblo chileno quien decida el 17 de diciembre de 2023 democráticamente, en las urnas, si aprueba la más reciente propuesta de Nueva Constitución.

En mérito a las diversas atribuciones y facultades que la Constitución Política de la República de Chile de 1980 concede al mandatario de turno es que se afirma que esta posee una tendencia hiperpresidencialista. A pesar de ello, esta tendencia se mantiene en el texto de propuesta de Nueva Constitución de Chile, debido a que el artículo 100, que establece las atribuciones especiales del presidente de la República, sigue estableciendo que el gobernante posee la atribución de nombrar a jueces y fiscales de todos los niveles.