Populismo penal.

La carrera a la Presidencia de la República induce a que candidatos profieran propuestas resolutivas a cuestiones de máxima atención política, particularmente sobre la mantención del orden público ante una ola de criminalidad que desgasta la convivencia social. Algunas propuestas pueden ser viables y buscar una política eficaz y sostenible a dicha problemática, sin embargo, otras pueden rayar el populismo penal, esto es cuando se propugnan soluciones simplistas, técnicamente inviables, a problemas que exigen un mayor esfuerzo.

Cuando estas propuestas (que representan los caracteres ya mencionados) se refieren a tácticas políticas para la consecución de fines penales, podemos identificar un síntoma de populismo penal. Por tanto, cuando un candidato presencial expresa que unilateralmente que: “agravará penas” o “configurará tipos penales”, raya en el populismo penal, pues no es factible constitucionalmente que el primer mandatario agrave o configuré tipos penales ya sea por vía delegatoria, como lo puede ser a través de un Decreto con Fuerza de Ley, ni por vía discrecional a través de actuaciones administrativas.

Esta conclusión a causa de que la fuente directa e inmediata del derecho penal es la ley emanada del Legislativo, quedando el ámbito de acción del Presidente de la República delimitado a la introducción de un mensaje presidencial susceptible de la aprobación o rechazo de las cámaras. Basta es la jurisprudencia sobre instrumentos penales que, no emanados del Legislativo y no cumpliéndose cabalmente el principio de legalidad, han sido objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional por vía de inaplicabilidad.