Reflexiones sobre las condiciones de los practicantes en las Corporaciones de Asistencia Judicial.

Teniendo la experiencia, al igual que muchos abogados y postulantes que realizaron su práctica profesional en un Centro de Atención de una Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del país, quisiera exponer una situación histórica y una sensación que se ha ido heredando de postulante en postulante y que radica en la vulnerable situación en la que nos encontramos los practicantes de derecho en estas instituciones.

Estas prácticas, que son obligatorias para obtener el título profesional, consisten en general, en brindar asesoría y representación a personas de escasos recursos en diversos procesos judiciales. No obstante, esta labor se lleva a cabo en condiciones que representan una carga económica, física y emocional considerable para los futuros abogados, ya que implica asumir múltiples gastos, como transporte, alimentación, conexión a internet y equipos necesarios para el desarrollo de nuestras funciones, tiempo, y en especial, lidiar con presiones y malos tratos de los propios pares o de los mismos usuarios (cuestión que en mi caso no viví, pero si observé en otros compañeros).

La práctica profesional en las Corporaciones de Asistencia Judicial no es remunerada ni cuenta con ningún tipo de apoyo económico. Quienes participamos en estas instituciones prestamos un servicio crucial para la comunidad más vulnerable sin recibir compensación alguna, lo cual genera una paradoja: contribuimos a facilitar el acceso a la justicia de quienes no tienen recursos, pero a costa de asumir un costo que, muchas veces, es difícil de solventar para los propios practicantes.