Sobre la seguridad, una agenda de Derechos Humanos.

La delincuencia y el crimen organizado se han transformado en uno de los grandes flagelos de la sociedad chilena. Estos fenómenos se han constituido como una real amenaza al monopolio de la fuerza estatal, principalmente por el poder de fuego que cuentan y la capacidad corruptora hacia las instituciones. La violencia ejercida por los grupos de crimen organizado no es del mismo tipo que la ejercida por privados ordinarios, quienes no son materia de Derechos Humanos. La violencia de estos grupos es organizada y sistemática, en sus organizaciones hay diversas jerarquías, modus operandi y un extenso catalogo de delitos asociados a su actuar, no solo narcotráfico, sino también homicidio, tortura, secuestro, etc.

En el país son más de diez las organizaciones de crimen internacional que operan, entre ellas el Tren de Aragua, los Gallegos, los Trinitarios y otras peligrosas bandas. Este fenómeno ha remecido por completo la política nacional e internacional, siendo la prioridad número uno, dos y tres. Lamentablemente, esto también ha favorecido a ciertas figuras políticas que han alcanzado una popularidad nunca antes vista, con discursos que relativizan o niegan el valor de los Derechos Humanos en pos de prometer seguridad; el candidato Kast, con insinuaciones que sus medidas traerían incluso una posible persecución penal internacional, la candidata Matthei, haciendo guiños a la pena de muerte, o el candidato Kaiser, posando con metralletas.

Ante este fenómeno, la agenda de Derechos Humanos debe responder con más compromiso que nunca en la defensa de valores como la igualdad, la dignidad y la libertad ¿Qué puede significar esto? Pues que se debe abordar la agenda de seguridad con fuerza y decisión desde la institucionalidad y el compromiso con los Derechos Humanos, ya que la seguridad es un Derecho Humano en sí mismo, un derecho que permite el ejercicio de otras libertades y derechos, como la educación, la salud, empleo digno etc. Que tanto han costado conquistar y para los cuales el Estado tiene un rol garante.