Uso de fuerza en orden público
Solicitud de formalización del General Director de Carabineros, disuasión y uso proporcional de la fuerza.
La proporcionalidad significa que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales.
El mundo al revés. El general Ricardo Yáñez está siendo procesado por supuestos delitos cometidos en el cumplimiento de su función de mantener la seguridad y el orden público —obligación principalísima de los gobernantes de un Estado y para lo cual este cuenta con el monopolio de la violencia física legítima— durante la asonada revolucionaria iniciada el 18 de octubre de 2019 (que buscaba derrocar al gobierno constitucional del presidente Sebastián Piñera) mientras se premia con indultos y con pensiones de gracia a los delincuentes que, atentando contra los derechos humanos de la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria y aplicando una violencia ilegítima superlativa, realizaron innumerables actos vandálicos. En más de 19.000 eventos graves de alteraciones del orden público incendiaron el Metro de Santiago e iglesias patrimoniales; saquearon supermercados; destruyeron bienes públicos y privados; y atacaron al personal de Carabineros con diversos elementos: contundentes, incendiarios o de otro tipo; tales como bombas Molotov, hondas que lanzaban bolitas de acero (de rodamientos) que causaban lesiones oculares; 554 ataques a cuarteles policiales y 1200 vehículos de carabineros con daños estructurales.
Lo que sí podría reprochársele al general Yáñez y a su antecesor, el general Mario Rozas, es la responsabilidad que les cupo en la violación de los derechos humanos del personal bajo su mando al prohibirles el uso de sus armas de fuego; razón por la que ellos no lo hicieron ni siquiera en defensa propia —no obstante que en tales casos estaban exentos de responsabilidad criminal, según lo dispuesto en los artículos 10 del Código Penal y 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia militar— lo que dio como resultado más de cinco mil carabineros lesionados: 126 recibieron impactos balísticos, 5 con pérdida ocular y 82 quemados con artefactos incendiarios.
El general Rozas, junto con ufanarse porque los carabineros no hicieron uso de sus armas de fuego —lo que a mi juicio es motivo de vergüenza— declaró: “el ministro de la época, Andrés Chadwick, me ordenó controlar el orden público dentro del ámbito legal y respetando irrestrictamente los derechos humanos”. Evidentemente, con ello el gobierno pretendía “sacar las castañas del fuego con las manos del gato” y deslindar sus responsabilidades en caso de que la actuación de carabineros, en cumplimiento de su función policial, produjere bajas fatales.
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