En medio de la tramitación de la ley antiterrorista, resulta llamativo el flanco que ha dejado la discusión dentro del oficialismo por el claro descontento del PC y el FA, quienes decidieron llevar la norma al Tribunal Constitucional, ese organismo que llevan dos décadas criticando.

Sin embargo, lo más cuestionable de todo es que se busque el entorpecimiento de la discusión del proyecto en medio de alzas significativas en los índices de violencia, como lo refleja el Índice Global de Terrorismo, que para 2023 situó a Chile en el puesto 17 del mundo, siendo el segundo país de Latinoamérica con los mayores números, solo por debajo de Colombia.

Desde sus cómodas sillas en la capital del país, con sus cuantiosos sueldos y viáticos, no sorprende que los diputados desconozcan la gravedad del terrorismo que lleva más de una década asolando el sur de Chile, sin intentos por menguar. Si realmente las necesidades de “el pueblo” son sus urgencias, entonces sabrán que su deber es proteger a los ciudadanos, y no a los terroristas.

Tomás Ojeda Aravena

Fundación para el Progreso