Tormenta judicial.

El Relator Especial de la independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayá, en su informe presentado a la ONU afirmó que “hay cerca de 6.000 millones de personas, tres cuartas partes de la humanidad que no tienen acceso a la justicia y que la independencia está bajo acoso”.

En Bolivia el déficit de cobertura de la justicia en municipios alcanza aproximadamente a un 40% y los detenidos preventivamente ronda el 68%, y entre esta población existen más de 300 personas encarceladas por delitos políticos, los casos más emblemáticos son las capturas con trescientos efectivos a la expresidenta interina de la República, Jeanine Añez, el Gobernador de Santa Cruz, Luís Fernando Camacho y el excívico de Potosí y candidato a la vicepresidencia, Marco Pumari, por supuestos delitos de terrorismo, alzamiento armado y golpe de estado. En estos casos, el ministerio de gobierno y la policía sin mandamiento de detención fue muy estratégica y efectiva, al extremo de no respetar la jurisdicción del juez natural y el derecho a la defensa.

Ha llamado profundamente la atención y repulsa de toda la sociedad que exista un proyecto de ley (Anteproyecto) mediante el cual los Magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ejercen funciones en forma ilegítima en el cargo por más de un año y cuatro meses por cumplimiento de mandato de seis años (Art. 183.I.II de la CPE), pretendan que se considere en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la validez a través de una ley de: 1) Todas las decisiones constitucionales pronunciadas desde enero de 2024 hasta la fecha, y 2) Se amplie su mandato hasta el 2028.