Tortura judicial.

Quisiera referirme a dos aspectos de relevancia legal y nacional. Como todos saben, pese a estar prescrito, por ley, los hechos perpetuados por cualquiera de las partes en 1973 (por el tiempo transcurrido); además de haberse aplicado una ley de amnistía donde fueron favorecidos por el Gobierno Militar, en 1978, un poco más de 9.600 terroristas, sin contar los indultos, y no haberse beneficiado – en lo general- ningún militar o policía, sino muy por el contrario existen más de 400 presos entre Punta Peuco, Colina 1 y cárceles de mujeres miles de procesados y condenados y se espera que aumenten, se quiere hacer pública la comisión Valech. Esta comisión permitió a cualquier persona que se sintiera atropellada en sus derechos humanos, acudir y dar a conocer su versión, estableciéndose un secreto de lo declarado por 50 años atrás (ley 19.992), información relativa a la práctica de la tortura durante la dictadura.

Nuestra Constitución establece en el inciso final del Art. 7º “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los expresamente le hayan conferidos en virtud de la constitución o las leyes continúa señalando, “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

Es obvio, que nuestra carta magna, no admite comisiones como la Rettig, Valech y otras, pues son contrarias a la constitución, además de no cumplir los requisitos mínimos del debido proceso, como es, entre muchos otros la bilateralidad de la audiencia.