Sanciones disciplinarias a abogada
Una “guillotina judicial” al derecho a defensa.
Para esta abogada esto no resulta baladí, ya que las sanciones disciplinarias van escalando en intensidad, pudiendo llegar a afectar mis derechos fundamentales (como el derecho de propiedad, el derecho a defensa jurídica y el derecho a la libertad de trabajo, por mencionar algunos) y lo más importante, los derechos fundamentales de mis defendidos, que ante una eventual “suspensión del ejercicio de la profesión”, dejarían de contar con una defensa.

Que en causa Rol N°2.182-1998 (Cuaderno de peticiones Raúl Iturriaga Neumann), con fecha 29 de mayo y 12 de junio del año en curso, a esta abogada se le ha notificado la aplicación por la ministra de fuero de dos sanciones disciplinarias del artículo 531 del COT, la primera por el N°1 y la otra, por el N°4, por supuestos “pasajes abusivos” en el escrito de “cumplimiento domiciliario” presentado en favor de mi representado, primero, por haber hecho alusión a la extrema izquierda chilena y su “doble estándar” en materia de DDHH (cautiverio neoliberal indefinido para violadores de DDHH y libertad para el resto, sin importar su “peligrosidad”) y luego, por supuestas “expresiones impropias” contra la judicatura (a raíz del señalamiento de hipótesis de omisión impropia a las que puede verse involucrada la judicatura a raíz de su posición de garante).
Que, estas sanciones progresivas en intensidad fueron impuestas separadamente, pero por el mismo escrito, que fue presentado dos veces, primero, el 29 de mayo, sin las enmiendas y por el cual se le aplicó la sanción del N°1 y luego, el 06 de junio, con las correcciones, recibiendo la sanción del N°4. No se comprende esta segunda sanción, ya que, si existían más observaciones que hacer, por qué no se hicieron todas respecto del primer escrito en vez de parcializarlas y esperar hacerlas respecto del segundo, habida cuenta la igualdad de contenidos.
Que, para esta abogada esto no resulta baladí, ya que las sanciones disciplinarias van escalando en intensidad , pudiendo llegar a afectar mis derechos fundamentales (como el derecho de propiedad, el derecho a defensa jurídica y el derecho a la libertad de trabajo, por mencionar algunos) y lo más importante, los derechos fundamentales de mis defendidos, que ante una eventual “suspensión del ejercicio de la profesión”, dejarían de contar con una defensa. Para mis representados, todas personas vulnerables, privadas de libertad por causas de DDHH, mayores de edad, muchos de ellos octogenarios y nonagenarios, gravemente enfermos y algunos discapacitados, una sanción de este tipo podría tener consecuencias muy graves. Sin duda, la sanción parcializada en los términos expuestos, no deja de sorprender, ya que no solo constituye un abuso de la facultad judicial disciplinaria, sino que, además, por su naturaleza sancionatoria, la conducta típica esgrimida por la ministra: “expresiones impropias”, no existe.
Comentarios (5)
María Loreto Iturriaga Baeza Abuso de poder de estos jueces prevaricadores, que cómo ya se les acaban los ancianos militares del 73, no les queda más que sancionar económicamente a sus abogados representantes. BASTA DE ESTE GRAN ABUSO.
. Ximena Lobos A todas luces, lo jueces pretenden ejercer un poderío absolutista, incluído a sus propios colegas, que sólo hacen su trabajo ejerciendo mandato de sus clientes en la defensa, de sus Derechos Humanos, como civil es preocupante, observar éste comportamiento de un representante de la justicia
Milton Iglesias Espinoza Hace mucho que los Ministros de fuero, no tienen ningún pudor en condenar con ficciones jurídicas y no considerar pruebas presentadas por la defensa de los imputados, aparte de no aplicar leyes vigentes como la amnistía y prescripción, convirtiendo los penales en verdaderos campos de exterminio al condenar a prisión efectiva a personas mayores entre 85 y 95 años deshumanizando a la justicia. La realidad es que ya no sorprende que a sabiendas que el Estatuto de Roma fue suscrito por Chile el 2009, condenan por delitos comunes y agregan «Con carácter de lesa humanidad», con el insano propósito de negar los beneficios a que tienen legítimo derecho. Afortunadamente la Sociedad Civil está despertando y dándose cuenta que el Pronunciamiento Militar obedeció al clamor de la Ciudadanía al percatarse que Chile era llevado al despeñadero y que los militares y policías, obedecieron órdenes legal y debidamente impartidas.
Antonio Quinteros Sin lugar a dudas que a la hora de impartir justicia ,aquellos que tienen la potestad y la responsabilidad de hacerlo ,deben conforme a su juramento, abstraerse de manifestar sensibilidades humanas con las cuales simpatizan y se sienten afectados .Está es una clara muestra de una total parcialidad de esta Ministra que no solo interpretó el Artículo Nro.531 a su antojo y conveniencia ….y digo conveniencia ya que actúa como operadora política de la izquierda para condenar a militares a ultranza para financiar el consabido negocio de los DDHH sino que al hacerle ver su condición de garante de la justicia basándose estrictamente en lo jurídico, intenta asumirlo como una falta de respeto a la Judicatura. En este caso en particular claramente lo que se pretende es silenciar a una abogada defensora,toda vez que no solo deja a la Ministra en tela de juicio con su resolución ,sino que a todo el Poder Judicial, que si no falla en consecuencia por una revocación de la sanción, no haría más que corroborar lo anterior.
Solange Robert una muestra más de la nula imparcialidad de los señores ministros y su abuso de poder.




