Núremberg según Kafka: El sistema procesal chileno para juzgar los crímenes del pasado

Es en este punto donde Kafka entra en la sala. No necesariamente porque exista una conspiración ni porque los jueces actúen de mala fe. La dimensión kafkiana aparece cuando el procedimiento comienza a funcionar como un universo autosuficiente: la existencia de una acusación grave parece conferir verosimilitud a toda pieza que la sostenga, mientras que las lagunas, contradicciones o debilidades de la prueba se atribuyen precisamente al carácter clandestino de los crímenes.

Así puede formarse un círculo difícil de romper. La falta de documentos confirma el ocultamiento. La imprecisión de los testimonios se explica por el trauma o por el tiempo transcurrido. La ausencia de una orden directa se sustituye por la pertenencia institucional. La imposibilidad de establecer la intervención material se compensa mediante inferencias jerárquicas. Y cuanto más difícil resulta probar el hecho, mayor es la tentación de flexibilizar el estándar necesario para tenerlo por acreditado.

No es un problema la utilización de presunciones judiciales, ya que todo sistema probatorio admite razonamientos inferenciales. La cuestión se complejiza cuando la inferencia deja de ser un puente entre hechos acreditados y se convierte en un sustituto de aquello que no pudo probarse.

La presunción de inocencia no es una cortesía que el Estado concede a quienes considera moralmente dignos. Tampoco es un beneficio reservado para delitos recientes o acusados socialmente aceptables. Es una regla de trato, una regla probatoria y de juicio. Significa que la culpabilidad debe ser demostrada por quien acusa y que la incertidumbre no puede resolverse mediante la biografía, el uniforme, la institución de pertenencia o el clima histórico general.

Precisamente por la naturaleza de lo que se juzga es que el estándar no debería rebajarse. Todo lo contrario.

Núremberg conserva aquí su verdadera lección. Los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial no son importantes solo porque castigaron a criminales. Lo son porque intentaron demostrar que el derecho podía responder a la barbarie sin convertirse en su reflejo. Su legitimidad dependía de algo más que de la perversidad de los acusados: de la calidad del tribunal, de la prueba, de la defensa y del razonamiento judicial.

No basta, por tanto, con estar del lado correcto de la historia. También es necesario juzgar correctamente.

Este asunto suele quedar atrapado entre dos simplificaciones. De un lado, quienes quisieran convertir toda crítica procesal en una forma encubierta de negacionismo. Del otro, quienes utilizan las deficiencias de procedimiento para relativizar o negar los crímenes cometidos.

Ambas posiciones son intelectual y jurídicamente pobres.

Es posible afirmar simultáneamente que en Chile existió una política sistemática de represión, desaparición, tortura y ejecución, y que cada responsabilidad penal individual debe probarse con rigor. Es posible defender el derecho de las víctimas a la verdad y, al mismo tiempo, el derecho del acusado a no ser condenado por asociación, contexto o probabilidad histórica. Es posible rechazar la impunidad sin aceptar una justicia de excepción.

Más aún: sólo una sentencia fundada en prueba suficientemente sólida honra verdaderamente a las víctimas. Una condena débil no fortalece la memoria; la vuelve vulnerable. Una sentencia que parece anticipada por la identidad del acusado o por las expectativas del entorno político entrega argumentos a quienes buscan desacreditar el conjunto de la justicia transicional.

El derecho penal no condena épocas, instituciones ni clases de personas. Condena individuos por hechos concretos y participaciones determinadas. La historia puede formular juicios generales. El tribunal penal no.

Existe, además, una asimetría que el país debería mirar sin temor. Para los delitos contemporáneos, Chile exige fiscales independientes del juzgador, audiencias públicas, defensa técnica, prueba rendida contradictoriamente y una sentencia pronunciada por jueces que no investigaron. Para los crímenes más antiguos y graves, mantiene un procedimiento escrito en el que persisten elementos estructurales del sistema que la reforma quiso superar.

Dos modelos de justicia penal conviven así dentro de un mismo Estado.

La diferencia no es secundaria. En el proceso moderno, el juez contempla directamente cómo declara un testigo, cómo responde a las preguntas de la defensa, dónde vacila y en qué se contradice. En el expediente antiguo, la voz humana se transforma en una declaración escrita, depurada por intermediarios y leída años después. La experiencia viva de la prueba se convierte en papel. Y el papel, como bien sabía Kafka, puede producir una apariencia imponente de certeza.

Volver al futuro, la taquillera cinta que consagró a Michael J. Fox en los años ochenta, sería una metáfora demasiado amable para describir lo que ocurre. No estamos ante un automóvil que viaja alegremente hacia otra época. Estamos ante un Estado que, después de proclamar la modernización de su justicia, conserva en ciertos subterráneos un procedimiento centenario.

Por eso la imagen adecuada no es la de Marty McFly mirando sorprendido el calendario. Es la de Josef K. caminando por corredores interminables, mientras desde otra sala resuena la voz severa de Núremberg recordándonos que incluso frente al peor crimen la justicia debe seguir siendo justa.