Participación en actos de campaña.
CGR emite dictamen sobre deberes de prescindencia electoral de Ministros de Estado.
”en materia de difusión y publicidad se encuentra condicionada a la necesidad de que con ello se cumplan tareas propiamente municipales y que tales mecanismos se utilicen sólo para dar a conocer a la comunidad local los hechos o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de los fines propios de esas entidades edilicias”

Se solicitó al Contralor General de la República un pronunciamiento acerca de un conjunto de actividades desarrolladas por Ministros de Estado y autoridades municipales, que habrían tenido por objeto hacer proselitismo político, fuera del principio de probidad y contraviniendo dictámenes e instructivos impartidos por la Entidad Fiscalizadora con ocasión de las elecciones municipales. Entre las actividades a que aluden, se encuentra la celebración del día de la madre relacionada con una candidatura municipal y otra presidencial, el anuncio de obras, un viaje a Islas Juan Fernández y publicidad de una alcaldesa junto a un Ministro de Estado en una gigantografía.
El ente de control requirió informe a todos los órganos y Ministros involucrados, quienes expresaron que las actividades denunciadas se enmarcarían en la esfera de sus competencias sectoriales, añadiendo que las habrían llevado a cabo en su calidad de colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República.
En su pronunciamiento, el Contralor hace suyo lo razonado en el Dictamen Nº 73.040, en tanto “la sola consagración de la acusación constitucional no impide a esta Entidad Fiscalizadora ordenar la apertura de un procedimiento sumarial, en cuanto medio formal de establecer hechos sujetos a una investigación en los términos del artículo 134 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República”, agregando que “únicamente cuando el resultado de la indagación arroje antecedentes precisos y relevantes que permitan suponer la participación concreta de un Ministro de Estado, e independientemente de las posibles sanciones aplicables en lo inmediato a otros funcionarios comprometidos, cabría remitir los antecedentes a la Cámara de Diputados”.
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