¿Cómo ha influido la IA en el ámbito del Derecho?

La inteligencia artificial está transformando profundamente el ejercicio del Derecho, tanto en lo práctico como en lo conceptual. En términos operativos, ha traído eficiencias importantes: permite automatizar tareas repetitivas, revisar grandes volúmenes de contratos, analizar jurisprudencia, predecir tendencias judiciales y gestionar información legal de manera mucho más rápida. Esto ha liberado tiempo para que los equipos jurídicos puedan concentrarse en lo estratégico.

Además, la IA ha comenzado a democratizar el acceso a ciertos servicios legales a través de asistentes jurídicos automatizados o plataformas que entregan orientación básica a personas que, de otro modo, no podrían pagar un abogado. Estas herramientas permiten resolver dudas frecuentes, generar documentos legales simples o guiar a usuarios en trámites administrativos, contribuyendo a cerrar brechas de acceso a la justicia.

Desde el punto de vista normativo, la IA también nos enfrenta a dilemas complejos: ¿cómo regulamos decisiones tomadas por máquinas? ¿Cómo garantizamos el respeto de los derechos fundamentales cuando intervienen sistemas autónomos? ¿Quién responde cuando hay un daño causado por un algoritmo? En definitiva, la IA no es solo una herramienta técnica; está desafiando las bases mismas de cómo entendemos y aplicamos el Derecho en el siglo XXI.

¿En qué ámbitos de la profesión legal cree que ha tenido más influencia?  

Hasta ahora, podríamos decir que el mayor impacto se ha visto en tareas operativas: la revisión de contratos, la búsqueda de jurisprudencia, el análisis predictivo de litigios o la gestión de grandes volúmenes de documentos. En todos esos ámbitos, la IA se ha convertido en una aliada para ahorrar tiempo, reducir errores y aumentar la eficiencia.

Esto está empezando a cambiar el perfil del abogado en dos sentidos. Por un lado, se espera que los profesionales del derecho incorporen herramientas de inteligencia artificial en su práctica cotidiana, para optimizar su trabajo y responder con mayor agilidad a las necesidades de los clientes o del sistema judicial. Por otro lado, también se valora cada vez más al abogado que sabe leer datos, entender cómo funcionan los algoritmos y reflexionar críticamente sobre sus implicancias éticas. Porque los desafíos legales actuales no solo son normativos, también son tecnológicos y sociales.

¿Cree que la IA podría llegar a reemplazar la función de jueces y abogados? ¿En qué grado y en qué tareas?

Hay tareas donde puede ser de gran ayuda —como ordenar información, analizar patrones, sugerir argumentos o facilitar ciertos análisis técnicos—, pero el Derecho no es solo técnica. También requiere criterio, juicio y una comprensión profunda del contexto de cada caso.

En la labor judicial, por ejemplo, hay decisiones que implican ponderar principios en conflicto, interpretar normas en situaciones complejas y aplicar el Derecho con sentido de justicia. Todo eso exige una mirada humana que los sistemas automatizados no pueden replicar. En ese sentido, veo a la IA no solo como un apoyo potente, sino también como un complemento a la labor de quienes ejercemos el Derecho, capaz de potenciar nuestras capacidades, pero no de sustituir nuestro rol.

¿Observa algún cambio en la práctica legal con el avance de la IA?

Sí, y es un cambio que ya se empieza a notar con fuerza. Muchos estudios jurídicos están incorporando herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas como la revisión de contratos, la búsqueda de jurisprudencia, la clasificación de documentos o el análisis normativo. Esto ha permitido mejorar la eficiencia operativa y dedicar más tiempo a labores estratégicas que requieren criterio jurídico.

Pero no es un fenómeno exclusivo del ámbito privado. También en el sector público se han dado pasos importantes. Un ejemplo concreto es la implementación, por parte de la Corte Suprema de Chile, de un nuevo buscador de jurisprudencia que utiliza inteligencia artificial para facilitar el acceso a fallos relevantes. Esto demuestra que el ecosistema jurídico en su conjunto está empezando a incorporar estas tecnologías para mejorar el acceso a la información legal y modernizar su funcionamiento.

Además, han comenzado a surgir nuevos perfiles profesionales en el mundo legal, como analistas jurídicos de datos o especialistas en tecnología legal, lo que refleja que los cambios no solo son tecnológicos, sino también culturales y profesionales.

¿En el ámbito de los Tribunales aprecia que es una herramienta útil y que se está utilizando?

Sí, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para apoyar y/o complementar la labor judicial, y ya se están viendo algunas aplicaciones concretas. En Chile, aunque el uso de IA en el Poder Judicial aún está en una etapa temprana, se han dado pasos significativos. Un buen ejemplo es el nuevo buscador jurisprudencial de la Corte Suprema, que utiliza IA para facilitar el acceso a fallos relevantes, mejorando la eficiencia en la consulta y el análisis de decisiones judiciales.

Si bien aún no se observa una implementación generalizada de sistemas de IA que asistan directamente en la toma de decisiones jurisdiccionales, existen iniciativas y desarrollos en curso orientados a modernizar la gestión de información judicial y explorar aplicaciones que apoyen funciones específicas del sistema. Estos avances reflejan un interés creciente en incorporar tecnología de manera progresiva y cuidadosa. La clave está en que estas herramientas se integren como un complemento que potencie la labor judicial, sin sustituir el juicio humano ni comprometer principios fundamentales como la motivación de las decisiones, el debido proceso y la independencia judicial.

¿Qué riesgos considera que puede traer consigo el uso de IA en el ámbito del Derecho?

Son múltiples los riesgos que puede traer consigo la incorporación de inteligencia artificial en el ámbito jurídico, especialmente si no se implementan con los resguardos necesarios. Uno de los más relevantes es la opacidad algorítmica, ya que muchos de estos sistemas funcionan como verdaderas “cajas negras”, lo que dificulta comprender cómo llegan a ciertas conclusiones. Esta falta de explicabilidad puede afectar principios jurídicos fundamentales como la transparencia, la motivación de los actos jurídicos, el derecho a defensa y el debido proceso.

Un ejemplo representativo de los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito jurídico son los sistemas de justicia predictiva, como aquellos diseñados para estimar probabilidades de reincidencia penal. Estos sistemas se han aplicado en contextos sensibles, como decisiones sobre prisión preventiva, en función de proyecciones algorítmicas de “riesgo”. Este tipo de prácticas ha sido objeto de crítica, no solo por su falta de transparencia —que impide conocer cómo se llega a determinadas conclusiones—, sino también por el riesgo de reproducir sesgos estructurales presentes en los datos históricos. A ello se suma la posibilidad de que se adopten decisiones automatizadas sin una base justificativa clara ni una oportunidad efectiva de impugnación, lo que tensiona garantías esenciales como el debido proceso y el principio de legalidad.

Otro riesgo relevante es la tensión entre innovación y protección de datos personales. El desarrollo de sistemas de IA requiere grandes volúmenes de información, lo que puede contradecir principios básicos como la minimización, la finalidad específica o la exactitud de los datos. En muchos casos, no está del todo claro cómo se recolecta, procesa y resguarda esa información. En este contexto, la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile, a partir de diciembre de 2026, será un hito crucial para establecer límites claros y equilibrar el avance tecnológico con la protección efectiva de derechos fundamentales.

¿De qué modo se puede controlar y sancionar el uso indebido de esta herramienta?

Lo primero es contar con reglas claras y principios que orienten el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial. Pero más allá de la norma escrita, se requieren mecanismos prácticos de control, como auditorías técnicas, fiscalización efectiva, procesos de revisión independiente y la posibilidad de impugnar decisiones automatizadas cuando corresponda.

En este escenario, es fundamental promover una cultura profesional e institucional que entienda que el uso ético de la tecnología también forma parte del ejercicio del Derecho. Esto implica no solo ajustarse a lo legal, sino asumir un compromiso activo con la justicia, la transparencia y los derechos fundamentales.

Un concepto clave que debemos incorporar con mayor fuerza es el de inteligencia artificial explicable: sistemas que no solo operan correctamente, sino que pueden justificar sus decisiones de forma comprensible. Esto es especialmente relevante en contextos como el judicial o administrativo, donde las decisiones deben poder ser revisadas y comprendidas por las personas afectadas.

En ese sentido, podemos observar con atención la experiencia de la Unión Europea y su propuesta de AI Act, que establece un enfoque basado en riesgos y contempla obligaciones específicas y sanciones proporcionales para quienes desarrollen o utilicen sistemas de IA de manera indebida, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales.

¿Chile está retrasado en la regulación de la IA?

Más que considerar que Chile está retrasado, es más adecuado decir que el país se encuentra en una etapa de construcción y fortalecimiento de su enfoque en materia de inteligencia artificial. La existencia de una Política Nacional de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, refleja un compromiso institucional con el desarrollo de esta tecnología, y el proyecto de ley en discusión marca un paso importante hacia la futura elaboración de un marco normativo más robusto.

Si bien aún no contamos con una legislación específica vinculante como la que están desarrollando otras regiones, como la Unión Europea con su AI Act, esta situación representa también una oportunidad estratégica. Chile tiene la posibilidad de observar experiencias comparadas, aprender de los aciertos y errores internacionales, y construir una regulación que sea pertinente, realista y respetuosa de su contexto institucional, social y tecnológico.

Lo importante ahora es avanzar con visión y decisión, asegurando que el desarrollo e implementación de la IA se realicen con un enfoque centrado en los derechos, la ética y la innovación responsable. El desafío está en equilibrar el fomento de la tecnología con la protección de las garantías fundamentales, contribuyendo así a una transformación digital justa y sostenible