Por Felipe Jadrijevic para Diario Constitucional
1. Para Ud., ¿cuál debería ser el rol del Estado en la economía en el caso que se apruebe una nueva constitución para el país, uno subsidiario como el que tenemos; hacer la transición hacia un estado de bienestar que asegure derechos sociales; o un modelo intermedio entre estos dos?
Pienso que la nueva Constitución debiese definir al nuestro como un Estado social y democrático de derechos y, en lo dogmático, establecer un marco de derechos fundamentales económicos y sociales que establezca un piso común universal que haga que la ciudadanía no sea una calidad meramente formal para la mayoría de las personas. Sin perjuicio de ello, la nueva Constitución, a mi juicio, debiese dejar un espacio amplio para la deliberación democrática, lo que incluye la permanente actividad legislativa y gubernativa que constantemente construye y adapta las reglas a las que se deban someter los actores económicos públicos y privados.
2. ¿Cree que el actual Estado subsidiario ha sido eficiente en generar crecimiento económico y bienestar social, en otras palabras, ha sido capaz de ayudar al desarrollo de Chile y de todos sus habitantes?
Me parece que es innegable que desde 1990 en adelante la economía del país creció de manera notable y que los dramáticos niveles de pobreza que existían hasta la década de los ochentas se fueron superando. Ahora bien, también pienso que el déficit en las prestaciones sociales que se garantizan de forma universal ha marcado una brecha que se vive a diario dentro de nuestras ciudades y entre nuestras regiones, lo que atenta contra la cohesión social. En otras palabras, atenta contra el ideal republicano, pues evidencia que, de facto, en Chile los ciudadanos no somos iguales entre nosotros; esto afecta, en definitiva, la propia legitimación del Estado para amplios sectores sociales, pues el relato legitimador que se enseña desde la escuela choca contra la realidad cotidiana. En ese sentido, me parece que se ha identificado correctamente al déficit en las prestaciones sociales universales como una de las causas del malestar que desencadenó el estallido.
3. Por otra parte, ¿un Estado de bienestar –que asegure mayores prestaciones y servicios en seguridad social- sería la solución para las demandas sociales que se han generado en el último tiempo?
Creo que ayudaría. Por cierto, la actual crisis que vive Chile tiene varias causas y hay sectores que tienen la expectativa de que la Constitución innove en materias distintas a la cuestión de los derechos sociales. Por ejemplo, hay quienes esperan que se avance mucho en descentralización o en que el Estado se reconozca como plurinacional, por ejemplo. Pero en lo que dice relación con los derechos sociales, creo que avanzar en su protección ayudaría bastante a relegitimar el Estado y sus instituciones. Me atrevo a especular que este sea el asunto que más importa a la mayoría de los votantes del apruebo.
4. Mucho se habla sobre los países nórdicos y su sistema de bienestar –con un alto nivel de tributos y servicios públicos de calidad- que ha ayudado a combatir la desigualdad y la pobreza. ¿es exportable ese modelo para Chile teniendo en cuenta nuestras características sociales, gubernamentales y de mercado?
Hay que tener cuidado con pensar que las soluciones foráneas puedan implementarse pura y simplemente en nuestro país. Latinoamérica tiene una larga historia de frustraciones por intentar soluciones del mundo desarrollado sin considerar nuestras propias particularidades. Con esa gran prevención, pienso que la experiencia del Estado de bienestar europeo (que no sólo nórdico) enseña muchas cosas interesantes para el caso chileno. Por cierto algunas positivas, pues el Estado de bienestar surge a propósito de pactos sociales destinados a apaciguar el conflicto entre capital y trabajo, que es uno de los que están presentes en nuestra actual crisis; y también algunas negativas, que debiésemos buscar prevenir o aminorar.
5. En el caso que se apruebe una nueva constitución que consagre derechos sociales como vivienda, educación, salud, etc., ¿es posible la justiciabilidad de estos derechos de modo que realmente puedan ser entregados a la población, o más bien serían una mera declaración de principios?
La contraposición de esos dos extremos es incorrecta: no hay que elegir entre meros derechos programáticos y derechos justiciables. En tanto normas jurídicas vinculantes, los derechos económicos y sociales debiesen ser justiciables; por otro lado, los tribunales debiesen tener especial deferencia a la deliberación democrática y no caer en la tentación del activismo judicial. Prueba de lo primero es que el Poder Judicial, bajo la actual Constitución y mediante la evolución de la jurisprudencia de la acción de protección, en la práctica entiende que los derechos sociales son justiciables. De hecho, los términos de la Constitución vigente, actualmente, lejos de impedir que los tribunales conozcan de acciones que invocan derechos sociales en realidad favorece el activismo judicial en desmedro de la deliberación democrática.
6. Si, por otra parte, seguimos con el rol secundario del Estado en materia económica, donde el privado es el protagonista, ¿qué modificaciones cree Ud. debería tener la nueva constitución para perfeccionar el modelo?
Ojo, me parece que actualmente el Estado no tiene un rol secundario en materia económica. Si bien el rol empresarial del Estado es claramente secundario (aunque manteniendo la plena propiedad sobre Codelco), su rol regulador y fiscalizador claramente se ha fortalecido desde 1990 a la actualidad. Luego, si se mantuviera un orden constitucional similar al actual en lo económico, pienso que esa actividad de supervigilacia debe seguir fortaleciéndose. Pongo un ejemplo: si se recuerda, un antecedente importante del malestar que causó la crisis fue el descubrimiento de colusiones de grandes actores empresariales en nuestro país. Eso fue posible por el robustecimiento de la actividad estatal dirigida a reprimir esos atentados contra el mercado; la respuesta adecuada a la desconfianza instalada en la mayoría de la población, entonces, es mantener e idealmente fortalecer ese rol estatal.
7. Finalmente, ¿cree Ud. que el Estado chileno es capaz de otorgar salud y educación de calidad además de un crecimiento económico estable, o por el contrario es el privado el más apto para aquello?
La pregunta supone una disyuntiva que no es tal. En primer lugar, porque la prestación de salud y educación públicas no impide que actores privados ofrezcan alternativas de pago. Más importante aún, esas prestaciones no son un obstáculo al crecimiento económico. Al contrario, bien llevadas lo estimulan.
