1. Hace unas semanas el Comité de Ministros se pronunció en contra de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Dominga, ¿cuál es su opinión respecto al rechazo del proyecto minero?
Es una buena decisión que el Comité de Ministros haya podido rechazar el proyecto por diferentes motivos; en primer lugar, Chile pertenece a organismos internacionales y comisiones de conservación de biodiversidad, cuenta con metas nacionales y globales de protección de biodiversidad, particularmente de hotspots, por lo que es importante que se conserven los sectores involucrados en el proyecto, considerando además que allí – Isla Damas, por ejemplo- habitan especies que son únicas y hay interacciones biológicas importantes, por lo tanto son necesarias de resguardar, considerando además que con la crisis climática, unida a los diferentes factores de cambio climático, calentamiento global, etc., uno de los índices que más ha crecido es la pérdida de biodiversidad a nivel global.
En definitiva, que podamos avanzar en los compromisos asumidos a nivel nacional e internacional de la conservación ecosistémica de estos hotspots, es parte de un compromiso político y de generar las condiciones necesarias para evitar la pérdida de biodiversidad. En efecto, cuando hablamos de ecosistemas son distintos nichos ecológicos que interactúan entre ellos, por lo tanto, cuando nosotros cambiamos parámetros fisicoquímicos, hay gran mortalidad, cuando cambiamos las condiciones de acceso a alimentos, etc., vamos a afectar toda la población que habite en esos espacios, sea animal o vegetal. En segundo lugar, en este proceso no se reconoció ni vinculó la voz de las comunidades que se oponían al proyecto, por lo que la decisión del Comité fue acertada.
2. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que rige en la actualidad, ¿le parece suficiente?
No. Las deficiencias en la institucionalidad ambiental nacional datan ya desde su primer organismo CONAMA, que si bien nuevamente obedecía a compromisos internacionales de avanzar en la institucionalidad ambiental, en un principio tenía diferentes deficiencias ya que habilitaba los sistemas de los distintos permisos asociados a la implementación de un proyecto y que debían tener un enfoque de prevención de impacto ambiental , pero era más bien un sistema de aprobación más que de análisis de proyectos. Desde ahí, nos enfrentamos a diferentes catástrofes que no eran naturales, sino que producto de la actividad de diferentes empresas, como fue el desastre en Valdivia y la mortandad masiva del cisnes de cuello negro en el sur, que generó que de cierta manera se fortaleciera la institucionalidad ambiental.
Luego, si bien se ha ido rigidizando el proceso de evaluación, aún cuenta con muchas deficiencias; los procesos de participación ciudadana no son vinculantes, por ejemplo, lo que sucedió con las comunidades de Putaendo, donde querían participar del proceso de participación ciudadana, pero no se les permitió, ya que no se contemplaba la posibilidad de la participación online, no se les realizó la consulta ciudadana respectiva, incluso las personas salieron a manifestarse y fueron oprimidas. Entonces, actualmente son procesos de participación muy flexibles para las empresas y que aparentemente se ven como suficientes, pero no es así. Por otro lado, los informes de evaluación de impacto ambiental son realizados por las mismas empresas y luego revisados por la institucionalidad, no hay organismos públicos encargados de realizar dichos informes o de realizarlos sobre la marcha, por lo que no hay un contraste riguroso, no hay capacidad y además la mayoría son favorables a las empresas.
Finalmente, todas las trabas de transparencia del proceso, por eso Escazú es tan importante, donde precisamente señala que las personas tienen derecho a la información de estos procesos, que en general es omitida por las empresas o se entrega a destiempo a las comunidades.
3. Tras el rechazo al proyecto Dominga, se ha planteado por algunos sectores que el Comité de Ministros no forme parte de los procesos de evaluación ambiental, ¿cuál es su opinión al respecto?
El comité de ministros es muy político, ya sea por temas partidistas, como asimismo porque históricamente se ha inclinado por la aprobación de estos proyectos y solo recién hubo un rechazo con Dominga, lo que da posibilidades a las comunidades de seguir organizándose.
Es una institucionalidad muy subjetiva, una instancia política, donde el comité se enfrenta a la evaluación de estos proyectos, pero se requiere una transversalización de las políticas ambientales y no basta con que exista (eliminar exista) simplemente exista una mesa interministerial o que exista una evaluación de proyectos de inversión por el Comité de Ministros, sino que pasa también por las facultades que tiene la cartera del Ministerio de Medioambiente, su financiamiento y como puede haber transversalización en otras carteras, como Economía, Mujer y Equidad de género, Educación, por lo tanto, no hay una intersectorialidad en Chile. Entonces, las facultades del Comité se encuentran más bien limitadas a quienes conforman dicho Comité y a la influencia que pueden tener lobistas versus comunidades.
Quizá una alternativa podría ser darles otras facultades, sustrayendo la facultad de aprobar o rechazar proyectos o bien reemplazar el Comité y descentralizar la capacidad para decidir los proyectos de inversión por región, como el Consejo de Cuenca u otros consejos que tuvieran más capacidad para decidir si se puede o no invertir en un territorio y además, tener otro tipo de entidades.
En definitiva, es una instancia que genera dudas, que es subjetiva, que no tiene un enfoque pro-resguardo o pro conservación o pro restauración, sino que depende de su constitución.
4. En su opinión, ¿cuáles son los mejores criterios que permitan compatibilizar los intereses de las comunidades sociales, los activistas políticos y los inversionistas?
Primero me parece importante referirme particularmente al proyecto Dominga, que se pensaba emplazar en un territorio de alta diversidad biológica (hotspot), además de que, desde hace casi 20 años se ha levantado la demanda para que se cree una zona de protección en la costa de La Higuera.
Gracias a los Pandora Papers, se revelaron los vínculos entre el ex presidente Piñera, cuya familia era la mayor accionista del proyecto Dominga, incluso cuando ya encabezaba el país; y Carlos Alberto Délano, condenado por el Caso Penta por fraude al fisco. Este último compró la participación de los otros socios, exceptuando a Piñera, y el pago de la última cuota quedó comprometido, debía asegurarse que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina. Menciono lo anterior por lo burdo del caso
Por último, y retomando directamente la pregunta, me parece que es necesario abrir la perspectiva de análisis, en consideración del modelo económico neoliberal que ha permeado las relaciones de todo tipo. En algunos casos la evaluación técnica ha limitado la implementación de proyectos, pero el hecho de estar incentivando permanentemente la inversión de capitales en proyectos extractivistas, es de por sí una presión que ha sabido “filtrarse” para estar más allá de la institucionalidad ambiental, que sin duda requiere una actualización acorde a los desafíos en un contexto de crisis climática.
5. ¿Considera que en el sistema actual priman las presiones políticas por sobre la evaluación técnica?
Actualmente estamos insertos en un modelo estatal de desarrollo neoliberal y subsidiario que pone en un nivel jerárquico distinto, los intereses de privados, de inversionistas, respecto de los intereses de las comunidades ambientales y las comunidades ecológicas, ya que interactúan de forma desigual donde los últimos se encuentran en una situación de desventaja.
Por otro lado, existen diferentes visiones sobre los bienes naturales. Actualmente, bajo el sistema mencionado, se les tiende a reconocer como recursos naturales, pero esa es solo una visión desde la mirada de la explotación; teniendo esa noción se pondera que la interacción entre privados, inversionistas y las comunidades sociales sea distinta y, por lo tanto, se pueda explotar por los inversionistas, por ejemplo, a través de grandes proyectos de inversión. En cambio, el concepto de priorización del uso de los bienes comunes naturales, tiende a establecer prioridades en la interacción y que vaya en pro de los derechos humanos, por ejemplo, de acceso al alimento, el derecho a vivir en un medioambiente sano y equilibrado, acceso al agua, etc., y que tiene además un enfoque de derechos humanos, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de equilibrio de la naturaleza. Entonces, es prioritario este último enfoque para perpetuar los ciclos ecosistémicos, sobre todo en Chile donde más del 70% del suelo tiene algún nivel de degradación, donde cuenta con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad y, además, que en todas las regiones tiene diferentes problemas socioambientales, que aplique el ultimo enfoque mencionado para que los ecosistemas sean preservados y restaurados, y que no sean explotados arbitrariamente por los inversionistas.
Con lo anterior, también es importante cuestionarnos el modelo de desarrollo del país, el para qué del desarrollo, de la inversión. Los grandes proyectos de inversión en la época de la dictadura no tenían capacidad instalada en la población ni humana ni tecnológica, por lo que se trajeron inversores, pero el problema es que el intercambio de tecnología no se produjo durante los últimos 30 años. Ahora hay más profesionales y capacidad, pero en más de 30 años de extractivismo la matriz productiva no ha sido suficiente y no se ha respondido a cómo pasar a una etapa posextractivista o de disputar la hegemonía del desarrollismo mismo y preguntarnos por qué explotar un bien común natural, el costo o pasivo ambiental asociado y por qué pagar ese costo, por qué las comunidades deben pagar ese costo, son preguntar que nos debemos hacer.
6. Recientemente el Gobierno creó el Comité Capital Natural para vincular la protección del medioambiente con el desarrollo económico, ¿cómo evalúa la medida?
En consideración del contexto civilizatorio y climático, es importante destacar que la visión utilitarista sobre la naturaleza nos ha llevado a este punto. Por lo mismo, se vuelve necesario que el “desarrollo económico” no supedite los territorios y ecosistemas. El bienestar común se podría desarrollar a través del fortalecimiento de las economías locales que hoy están desapareciendo a causa de la crisis multidimensional.
El Comité Capital Natural, que establece la creación de una plataforma de gobernanza, con la finalidad de entregar información y conocimiento ambiental como insumo para la toma de decisiones financieras, de presupuesto público y producción. Además, este comité asesorará al Presidente de la República con el fin de integrar la naturaleza y la biodiversidad al proceso de diseño e implementación.
Hasta aquí suena bien, sin embargo, me surge la duda sobre los criterios y límites biofísicos, en un país con una crisis hídrica histórica, y que en 30 años de tener como norte, el desarrollo, nuestra economía no se ha diversificado desde la década de 1980. Me pregunto, cómo se podría conciliar la protección de la naturaleza cuando las principales actividades son extractivistas, incompatibles con la protección de la naturaleza y biodiversidad.
