El pasado jueves, la Comisión Experta ingresó las primeras normas constitucionales tras semanas de debates en las distintas subcomisiones.  Una de las que tuvo más problemas en llegar a consensos fue la presidida por la ex-ministra de Lagos y Bachelet II, Alejandra Krauss. La militante DC sostiene, sin embargo, que cada integrante»tiene ideas y convicciones políticas tan valiosas como la propia y, en consecuencia, debemos ser capaces de escuchar y de atender las legítimas preocupaciones».

Sin considerar las bases institucionales de este proceso ¿Qué materias de la Constitución vigente mantendría en una nueva propuesta? ¿Cuáles son urgentes modificar y/o derogar? 

En primer lugar, las instituciones o materias que deberían mantenerse son aquellas que han dado resultado. Parece que hay acuerdo al respecto en el interior de la Comisión, pero a mi juicio, por ejemplo, el funcionamiento del Banco Central es el correcto, sin perjuicio que pueden incorporarse ciertos ajustes. También en el grueso de aquellas materias que nos han servido y que hay consenso deberían mantenerse. Misma apreciación tengo, en términos generales, con la Contraloría General de la República. Cualquier modificación que se proponga en el anteproyecto debiera recoger en general la estabilidad y otorgar certezas jurídicas.

Aquellas materias urgentes de modificar, por otro lado, son aquellas que nos han llevado a la crisis que hizo nacer este momento constituyente.

El primero de ellos es la necesidad de revitalizar el sistema político con una propuesta que le permita al gobierno cumplir con su programa de gobierno, sin que ello signifique un detrimento en la calidad democrática ni riesgos de autoritarismo. El segundo de ellos es propio de la subcomisión que presido, que son la necesidad, a nuestro juicio, de ampliar el catálogo de derechos fundamentales y consagrar debidamente los derechos sociales, actualizándolos al estándar del derecho internacional de los derechos humanos. Esta última es una necesidad que la ciudadanía ha expresado.

¿Qué idea, institución o principio rescata de la fallida propuesta constituyente de 2022?

Me parece que hay dos ideas fundamentales que sin duda rescato. La primera de ellas se refiere a la paridad de género. Esta es un ideal que difícilmente el proceso constituyente en su conjunto, no solo la Comisión de Expertos, podrá ignorar. Ahora, evidentemente podemos conversar la forma en que ella se traduce, es decir normativamente. En este sentido habrá que discutir y alcanzar consensos necesarios, pero a mi juicio es un principio irrenunciable.

En segundo lugar, valoro la preocupación por un medio ambiente sano y ecológicamente sustentable. Evidentemente podemos diferir en las formas jurídicas o la normativa concreta escogida por la Convención, pero aquella es una preocupación especialmente importante para nuestro país, dados los efectos o consecuencias gravosas que el cambio climático podrá ocasionarnos.

¿Es partidaria de mantener el régimen presidencial para Chile? ¿cómo equilibraría la relación de este con el Congreso?

Con respecto al sistema de gobierno normalmente se proponen tres alternativas; el parlamentarismo, el semipresidencialismo y el presidencialismo. A mi juicio, y dada la experiencia obtenida en la Convención Constitucional, como también la dificultad de lograr grandes acuerdos que se traduzcan en transformaciones radicales del sistema político, me parece que el presidencialismo, con las debidas adecuaciones, es la opción adecuada para nuestro país.

En primer lugar, la tradición política nacional es clara al respecto. En todas las experiencias constitucionales chilenas hemos escogido un o una Presidenta de la República que tiene la jefatura del Estado y del Gobierno.

Luego, en segundo lugar, pareciera ser que los problemas que se han identificado en el sistema político no se refieren ni se resuelven exclusivamente mediante la discusión binaria presidencialismo versus parlamentarismo, sino más bien, en los incentivos para gobernar, colaborar u oponerse al gobierno de turno como también en la dificultad progresiva en que el gobierno cumpla su programa de gobierno.

Creo que, atendiendo estos problemas, el proceso constitucional podrá, por un lado, mantener la tradición chilena y, por otro, resolver los problemas que subyacen al sistema político. Al final del día, acá debemos alcanzar soluciones que den resultado en Chile y no podemos pensar que un sistema de gobierno es intrínsecamente superior a otro.

¿La nueva Constitución debería ser breve o desarrollada?

Atendiendo las diferencias políticas que tenemos como país deberíamos buscar una constitución breve que contenga nuestros consensos fundamentales, pero al mismo tiempo, sin caer en enormes y grandilocuentes articulados, proponer un horizonte común. Es decir, aun cuando busquemos una constitución breve, no podemos renunciar a soñar con el Chile del mañana.

¿Agregaría otra base institucional al anteproyecto?

No, las bases institucionales propuestas son el consenso que alcanzaron las fuerzas políticas con representación parlamentaria para darle forma a este nuevo proceso constituyente.

No me parece necesario agregar otra base si en este proceso podremos incorporar instituciones y principios que logremos consensuar en la medida que no sean incompatibles con las bases.

¿Es partidario de mantener el sistema bicameral simétrico?

Sí, en el sentido que le corresponderá la generalidad del trámite legislativo a ambas cámaras por igual. Ahora, por supuesto y esto es parte de la discusión, es posible darle competencia exclusiva y materias específicas a algunas de las cámaras.

¿Qué planteamientos constitucionales le interesa proponer a la Comisión?

Actualmente estoy presidiendo la subcomisión de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y estamos concentradas y concentrados en proponer un catálogo de derechos a la altura de las necesidades del país y de sus urgencias.

Me interesa especialmente darle contenido a la base institucional de que Chile es un Estado social y democrático de Derecho, de tal forma que dicha afirmación, que ya es vinculante y, en consecuencia, ya es parte del texto, tenga una bajada real y que se traduzca en un cambio de paradigma.

¿Qué acciones debe tomar la Comisión para evitar que este nuevo proceso fracase?

En primer lugar, la empatía política con el otro, es decir, debemos reconocer que el o la comisionada, y luego los y las consejeras, que se sientan unos frente al otro u otra, tienen ideas y convicciones políticas tan valiosas como la propia y, en consecuencia, debemos ser capaces de escuchar y de atender las legítimas preocupaciones del otro. De esta forma, el proceso no se verá manchado de acusaciones de pasar por encima del otro.

En segundo lugar, es necesario vincular el proceso o, más bien, reencantar el proceso a la ciudadanía. Hoy, más que durante el proceso anterior, debemos ser capaces de que la ciudadanía vea el proceso y, en consecuencia, el resultado de este, como propio, de lo contrario no habrá servido un texto técnicamente correcto si nadie lo considera propio.

En tercer lugar, entender que los comisionados hoy, y a partir del 6 de junio próximo los consejeros constitucionales, debatiremos en torno a un texto constitucional desde nuestras legitimas visiones, principios y valores, pero que pensando en todos los habitantes de este país, colocándolos en el centro y prioridad de nuestras decisiones, hemos buscado e intencionado lograr acuerdos y consensos.