Por Elke von Loebenstein M. 

1. ¿Encontrándose próximo a dejar el cargo de Jefe de la División Jurídica, cómo evalúa su experiencia en la Contraloría y cuáles son los nuevos desafíos que le esperan?

La Contraloría es una institución casi centenaria, que exhibe una madurez institucional y un prestigio gracias al trabajo de todo el personal que se desempeña de manera abnegada y con un alto compromiso personal, en las distintas oficinas que tiene la Contraloría en todas las regiones del país. Entonces, fue un tremendo privilegio haber formado parte de esta institución de excelencia durante los últimos ocho años, periodo largo que me deja múltiples alegrías y enseñanzas en lo profesional y personal al haber conducido un equipo de primer nivel, gracias a la confianza que depositó en mí el Contralor General. En lo personal espero poder integrarme con mayor dedicación a mi labor académica en la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile.

2. ¿Cómo puede describir el periodo del Contralor Jorge Bermúdez?

El periodo del Contralor Bermúdez está marcado, en primer lugar, por un contexto país en que se derrumbó la confianza ciudadana en las instituciones, con casos que partieron un poco antes de que nos tocara asumir -como los casos Penta, SQM y Caval en 2014 e inicios de 2015- y se consolidó con sucesivos escándalos como los casos de pensiones de Gendarmería, Paco Gate, Milico Gate, los innumerables casos de corrupción municipal que están a la orden del día, hasta llegar al escándalo de las transferencias a fundaciones este 2023. Esto condujo no solo a mermar la legitimidad social en las instituciones, sino que también promovió un deterioro de la política contingente, dedicada casi de forma exclusiva a la contingencia, la polémica y la frivolidad. Ello, acompañado de una opinión pública inmisericorde con quienes desempeñan cargos públicos, alimentada por las redes sociales y una polarización política que ha abonado posiciones de dudosa razonabilidad en ambos extremos del espectro político. En segundo término, las tristes consecuencias del estallido social y, en tercero, de la pandemia sanitaria, estresaron al máximo la institucionalidad administrativa y el ordenamiento jurídico que la rige.

Estas tres circunstancias implicaron un tremendo desafío para el Contralor General y quienes lo acompañamos, pero también para todos los servidores de la Contraloría, que tuvimos que resolver cuestiones muchas veces no previstas por la normativa y en contextos de mucho estrés institucional.

3.  ¿En su rol como Jefe de la División Jurídica, qué dictámenes destacaría por su trascendencia y novedad jurídica en los últimos años?

Considero que uno de los principales aportes de la jurisprudencia administrativa de este periodo fue ir abandonando de forma paulatina las interpretaciones más bien formalistas que existían en algunas áreas, que probablemente respondían muy bien en otras épocas, para recoger el principio de primacía de la realidad. Dictámenes como el de la confianza legítima, CONAF y corporaciones municipales dan cuenta de esta tendencia de que la interpretación de las reglas no puede ser ciega a la realidad que buscan ordenar. En esta misma línea, se incorporó lo que denominamos el efecto expansivo de la probidad, superando interpretaciones restrictivas que, en algunos supuestos, no eran compatibles con la protección del interés general que el Derecho administrativo está llamado a resguardar. Finalmente, existen avances significativos en el resguardo de la protección de la maternidad de las servidoras a honorarios, en los derechos funcionarios -tanto a través de dictámenes como mediante la creación de una unidad encargada de esta tarea- y en el resguardo del medio ambiente.

4. ¿En su opinión qué destacaría en relación a la evolución del derecho administrativo en esta última década?

Los intensos y acelerados cambios sociales experimentados en este periodo han evidenciado las deficiencias de las instituciones y de las categorías tradicionales de nuestra disciplina. Esto ha implicado, para los interpretes y aplicadores, el recurso a nuevos criterios de interpretación, que han exigido desapegarse en ocasiones del tenor literal de las reglas, echando mano a la ponderación de valores y la integración mediante principios del Derecho Administrativo, en la búsqueda de soluciones que den respuesta a las complejas necesidades sociales. Lo anterior, naturalmente dentro de ciertos márgenes, respetando la voluntad del legislador y siendo cuidadoso del efecto modelador que provoca la jurisprudencia. En esos desafíos, creo que la jurisprudencia de la Contraloría durante este periodo algo aportó, no obstante las deficiencias y errores que, en cuanto obra humana, tuvo nuestra gestión.

5. Durante el periodo del Contralor Bermúdez se produjeron varios conflictos de connotación pública, entre ellos con la Subcontralora que asume la subrogancia el próximo lunes 18, ¿qué balance saca de esas situaciones?

Me parece que en un periodo de ocho años ejerciendo la incómoda y difícil tarea de controlar al poder político, es natural que se generen fricciones tanto al interior de la institución como hacia afuera. Dentro de ellos, el conflicto con la Subcontralora fue una diferencia de interpretación sobre el régimen jurídico de ese cargo, ante la existencia de dos normas contradictorias en la ley. La interpretación que sosteníamos de que el cargo era de exclusiva confianza se apoyaba en razones de orden lógico, ya que no existe ninguna plaza designada por confianza y sin concurso que pueda mantenerse con carácter vitalicio, aun cuando dicha confianza se pierda y permaneciendo con un régimen más privilegiado que quien efectuó ese nombramiento. Asimismo, se basaba en la práctica histórica de la Contraloría, donde todos los contralores anteriores entendieron que el subcontralor era un colaborador directo y pudieron pedirle la renuncia a quienes servían ese puesto. Como es natural, esa diferencia se zanjó por quien tiene la última palabra cuando existe un conflicto jurídico, que es la Corte Suprema, cuya decisión respetamos y cumplimos, aunque estuviéramos convencidos de que la posición que mantuvimos era la más razonable. Entiendo que las dificultades son inherentes al cargo y me quedo con los múltiples aprendizajes ganados.

6. ¿Qué destacaría en el ámbito del derecho administrativo de la propuesta de nueva Constitución que se va a plebiscitar el 17 de diciembre próximo?

En lo que respecta a la Contraloría, el capítulo XIV de la propuesta regula a la institución de una manera sobria y responsable. Se trata de un texto que recoge la regulación constitucional actual y que avanza en el reconocimiento de funciones específicas como la potestad dictaminante y la función auditora. Por su parte, la normativa a plebiscitar mejora la regulación de la función contable de Contraloría, y elimina el juzgamiento de las cuentas, creando un tribunal especial al margen de la entidad. Del mismo modo, mantiene su dirección unipersonal, desechando la propuesta de crear un consejo asesor, que implicaba una serie de riesgos propios de incorporar una instancia colegiada, y que fueron oportunamente manifestados por el Contralor. En esto, me parece muy valorable el acuerdo político alcanzado entre los integrantes de la instancia constitucional pertenecientes a la centroizquierda y al Partido Republicano, que estando por sobre la contingencia pensaron en el mejor diseño para la institución. Sobre los demás aspectos del proyecto, y dado que me mantengo en funciones hasta precisamente el domingo 17, no me corresponde emitir mi opinión públicamente.