Por José Manuel Ochoa Gil, Universidad de Chile

La Ley Nº20.405 creó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) constituyéndose como una corporación autónoma de derecho público con el fin de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile. Es una institución autónoma e independiente respecto de los tres poderes del Estado y se financia con fondos públicos.

Ocupa el rol de la figura del “ombudsman” o “defensor del pueblo” como se le conoce en otros ordenamientos jurídicos. “El INDH nace así como un espacio que mira, reflexiona y revisa la historia de nuestro país con el fin de instalar los derechos humanos en nuestro presente e impulsarlos con fuerza y permanencia hacia el futuro”, dice la página web oficial de la entidad.

Los Derechos Humanos son un tema fundamental para las civilizaciones sobrevivientes a la Segunda Guerra Mundial. Se han visto puestos a prueba seriamente desde su declaración en 1945 hasta el día de hoy por los Estados, gobiernos, las sociedades, el mercado, etc, y han sido aplicados a fenómenos humanos como el cambio climático, el control del orden público en manifestaciones políticas, la contaminación, la migración, entre otros. Sobre esto nos comparte su visión y vasta experiencia en Derechos Humanos la abogada regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos Consuelo Gil Bessolo, Magíster en Derecho en la Universidad de Tarapacá, con trayectoria laboral como abogada de la Vicaría de la Solidaridad, 12 años de experiencia en misiones de Naciones Unidas en el Salvador y Guatemala, así mismo fue, entre otros, abogada del Consejo de Defensa del Estado, abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Arica y Parinacota y profesora de las Universidades Tarapacá y Arturo Prat.

1. ¿Cuál es el trabajo y rol institucional que realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional y regional? ¿Cómo se organiza internamente?

Como mandato de la ley que constituyó al INDH, tiene por objetivo la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Para ello, una de las funciones más importantes que hace el INDH en el desarrollo de su trabajo es un Informe Anual de DD.HH. que debe presentarse al Presidente de la República, al Presidente de la Corte Suprema y al Congreso Nacional. También se deposita una copia en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y en instituciones vinculadas a la defensa y protección de los derechos humanos. Este informe anual recoge la situación de los derechos humanos en el país y además permite hacer recomendaciones al Estado para el resguardo y respeto de los DD.HH.

Otra función es la de comunicar al gobierno y a distintos órganos del Estado la opinión respecto de situaciones relativas a derechos humanos que ocurran en el país y, en ese mismo sentido, proponerle a los órganos del Estado la adopción de algunas medidas para favorecer la protección y promoción de los derechos humanos.

2. ¿Su labor tiene un impacto en las vidas de las personas que recurren a este servicio público que ofrece el INDH?

Desarrollamos una función bastante importante en cuanto a orientación y derivación. Muchas veces las personas llegan a nosotros y hay otros entes que pueden solucionar los conflictos que estas personas tienen. También hay en el ejercicio de nuestra actividad de comunicación con otros entes públicos, una función preventiva de violaciones de derechos humanos, toda vez que inmediatamente de que nos pueda llegar un caso, solicitamos información al ente público involucrado, lo que ya le da una garantía de protección a las personas.

También el ejercicio de las acciones judiciales, cuando estas producen sus efectos por una sentencia favorable, cambia la suerte de las personas que han recurrido a este servicio. Puedo señalar que, como esta es una región fronteriza, la actividad respecto a recursos de amparo en un momento dado por expulsiones a personas migrantes, sí produjo en esas personas una protección efectiva (…).

3. El INDH como ente defensor de los derechos humanos se vio puesto a prueba en los daños a civiles por parte de agentes del Estado durante el estallido social. ¿Cómo fue el trabajo realizado por el INDH en Arica? ¿Cómo se desarrollaron los juicios en los cuales el INDH participó como querellante? ¿Tiene alguna observación o crítica particular sobre estos? ¿A qué tipos de casos puede accionar el INDH como querellante?

Fue un periodo en que prácticamente todas las tardes y noches los equipos regionales nos desplegamos en estos lugares para observar (la actuación policial en las manifestaciones). Luego también en las comisarías, dando seguimiento a las detenciones de las personas que habían sido detenidas en el contexto de estas manifestaciones, y en los hospitales que, particularmente en esta región fue bastante difícil el poder ingresar a los hospitales, pero sí importante porque allí también pudimos recabar mucha información sobre personas que habían sido lesionadas. En ese periodo pudimos observar una manifestación como casi en todo el país que se desarrolló pacíficamente. Ya en horas de la noche habían manifestaciones más violentas, no así durante el principio del desarrollo de las manifestaciones, donde efectivamente la población civil sí fue atacada con lacrimógenas y balines.

Tuvimos personas afectadas con doce o trece impactos de balines en el cuerpo, por la espalda, niñas afectadas con impactos de balines o lacrimógenas en el rostro, personas discapacitadas, adultos mayores, dos personas perdieron la visión de un ojo, varias con traumas oculares con dificultades de visión hasta el día de hoy. Esto dio lugar a que la oficina regional de Arica y Parinacota presentara 72 querellas por delitos de tortura (incluso de niñas), apremios ilegítimos, lesiones graves, violencia innecesaria y homicidio frustrado. Yo diría que de estas querellas que interpusimos prácticamente no llegaron a juicio un 40-50%, terminaron con una decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público.

El desarrollo de estas investigaciones se vio bastante dificultado porque justo coincidió con el inicio de la pandemia, por lo cual la Fiscalía cerró, la PDI no salía a hacer sus investigaciones, el Servicio Médico Legal estaba cerrado, entonces se dificultó mucho durante los meses en que estuvimos confinados esta actividad investigativa. Luego, cuando la situación se normaliza, digamos que avanzó, pero tampoco mucho las actividades de investigación. Tuvimos querellas que un año y medio después no tenían nada más que la querella, no había ninguna investigación. Los exámenes del Servicio Médico Legal un año, dos o hasta tres años después todavía no se hacían.

4. ¿Cómo calificaría el fenómeno o crisis migratoria que ha experimentado Chile y específicamente Arica en los últimos años? ¿Cuáles son los medios y rutas que son usados por las personas migrantes para ingresar clandestinamente al país? ¿Cuáles son las condiciones en las que llegan las personas migrantes a Arica?

La crisis migratoria habría que dividirla en el tiempo porque desde 2013 que estamos en la región hasta el 2019 había una migración básicamente de colombianos, dominicanos y cubanos que se desarrollaba con ingreso legal, pero en el caso de los cubanos y dominicanos que requerían visa consular empieza a desarrollarse el ingreso ilegal o irregular. Esto era constante, pero no tan masivo, hasta 2018-2019 comienza una migración mucho más numerosa de venezolanos. Ellos pudieron en su gran mayoría ingresar como turistas durante esos años, hasta que en 2019 se les impone la visa democrática de un día para otro. Por lo cual tuvimos una gran crisis en el complejo fronterizo Chacalluta, que es la frontera Arica-Tacna, en que quedaron quinientas o seiscientas personas varadas ahí, acampando familias completas y niños a los que no se les permitía el ingreso como turistas y se los derivó al consulado de Tacna y después al de Lima para obtener esta visa consular.

Ahí acompañamos durante todo ese periodo la crisis que hubo, porque efectivamente estaban estas familias al intemperie en la frontera, desprovistos de protección para el sol, frío y comida. Se desarrolló todo un apoyo de la población ariqueña y de las ONG’s de la zona, situación que después se trasladó a al consulado de Chile en Tacna, donde siguieron acampando en carpas afuera del consulado de allá. A partir de imponerse esta visa democrática, la migración solamente continúa por la vía irregular. La gente trata de obtener visa en los consulados chilenos y prácticamente no hay ninguna posibilidad de que se las tramiten en sus países de origen.. Entonces el aumento del ingreso irregular es evidente (…). Las vías de ingreso por esta parte del territorio son por Pisiga-Colchane en la región de Tarapacá y por la frontera norte Tacna-Arica, la cual se hace a través del desierto. Es una zona muy inhóspita, desértica, con muchos cerros, con altas temperaturas durante el día y bajas durante la noche.

Durante este tiempo era evidente el riesgo de que las personas migrantes podían encontrar durante su travesía minas antipersonales que habían sido depositadas ahí por el ejército chileno durante la dictadura militar, que estaban en proceso de extracción, el cual finalizó hace bastante poco, pero antes que terminara este proceso efectivamente así ocurrió. Migrantes encontraron minas antipersonales y sufrieron las amputaciones de partes de sus piernas. Recuerdo a un joven dominicano que perdió su pie en estas circunstancias atravesando el desierto. La otra vía por Colchane es una zona aún más inhóspita por las bajas temperaturas durante la noche y la altura de la región. Ahí ha sido mucho más dramático porque han perdido la vida más personas, varias mujeres, en esta travesía.

Además, el ingreso irregular de estas personas parte de una crisis humanitaria en su país y están huyendo de su patria, principalmente Venezuela, porque no tienen cómo sostenerse, cómo vivir y buscan una mejor expectativa de vida. Se viene todo el grupo familiar, venden todo lo que tienen y empiezan esta travesía. En su gran mayoría, usando estas organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de migrantes que los van pasando de frontera en frontera. Colombia, Ecuador, Perú, Chile en forma irregular, teniendo postas de gente de estas organizaciones en cada país y que los hacen ingresar irregularmente. (…).

5. Teniendo como antecedente los sucesivos Estados de Emergencia que se han decretado en la región de la Araucanía por el conflicto mapuche, en su opinión personal como abogada y ciudadana, ¿usted considera que un Estado de Excepción para la región de Arica y Parinacota es un instrumento válido o eficaz para mitigar en cierta medida la crisis migratoria y de seguridad? ¿Sería viable vivir varios meses bajo dicha excepcionalidad? ¿Esto afectaría la vigencia de los derechos humanos y fundamentales de las personas migrantes y chilenas?

En esta materia puedo opinar como ciudadana, no en representación del Instituto, porque la vocería del INDH solamente la tiene la Directora. Efectivamente se ha producido en la región una situación bastante crítica en cuanto a la seguridad, efectivamente hay presencia de bandas delictuales bastante importante. Tuvimos la oportunidad de conocer los antecedentes de una investigación sobre “La Banda de los Gallegos”, que es parte del Tren de Aragua, que se dedicaba a la extorsión, el sicariato y al tráfico de drogas y armas, afortunadamente fue desarticulada parcialmente en la región a partir de una acción de las policías liderada por el ministerio público. Efectivamente esta presencia de las organizaciones delictuales en la ciudad de Arica es un hecho. Hay un aumento importante de la criminalidad y en la cantidad de homicidios de nuestra región y ciudad ha aumentado muchísimo, lo que la pone como una de las ciudades más peligrosas del país y del continente.

También la migración, a pesar de que Arica no es una ciudad donde los migrantes se asienten, sino que van bastantes en tránsito hacia otras regiones en donde ya tienen redes familiares a estas alturas, pero también ha habido un aumento de la población migrante importante. Entonces hay una sensación de inseguridad y un clamor de las autoridades públicas como el gobernador, el alcalde y los gremios por la necesidad de un control de la migración tan desbordada e irregular y también por el control de la seguridad. En ese sentido, creo que puede ser un instrumento capaz de mitigar estos dos problemas la instauración de un Estado de excepción para la región de Arica y Parinacota. Estimo que debería ser por un tiempo acotado, esto efectivamente va a limitar los derechos garantizados por la Constitución, por una excepcionalidad que también está permitida por nuestra Constitución, pero creo que en esta excepcionalidad hay un riesgo bastante importante de entregarle el control exclusivo a las Fuerzas Armadas de las fronteras.

Hoy día hay un control de la actividad en las fronteras, pero que inmediatamente si son detectados población migrante ingresando al país, se llame inmediatamente a la policía, a la PDI o a carabineros, quienes son los que efectivamente se encargan de ahí en adelante de la persona que es detectada ingresando irregularmente, ya sea para devolvérsele inmediatamente o con un ingreso irregular permitirle que ingrese al país. Por esto creo que es bastante delicado entregarle esta función a las FF.AA., quienes han sido entrenados para otro tipo de actividad, una actividad de guerra contra el enemigo. Entonces creo que aquí necesariamente pasa por una capacitación y control importantes de esta actividad, porque, si no, podríamos tener víctimas que lamentar si es que esta función no se realiza de forma lo bastante controlada, acotada y delimitada en el tiempo. También creo que es necesario reforzar la actividad de la policía, la dotación, los elementos con los que cuentan en la frontera para evitar este ingreso irregular masivo, pero aunque se ponga todo tipo de trabas la inmigración siempre permea las fronteras, es muy difícil terminarla absolutamente.

Por otra parte, todo el combate contra la delincuencia y las organizaciones criminales requieren una actividad de las policías mucho más contundente, más profesional, con mayor trabajo de inteligencia. Un Estado de excepción acotado de esta manera debería funcionar y obedece a un clamor popular de una necesidad de la ciudadanía que no podemos negar que existe.

6. Considerando su amplia trayectoria en derechos humanos, me gustaría preguntarle sobre el trabajo de toda una vida en este ámbito. ¿Cómo es la vida y labor de los y las defensores de DD.HH.? ¿Cómo ha evolucionado la vigencia de los derechos humanos en Chile desde la dictadura militar hasta la actualidad? ¿Cuáles son las mayores postas a heredar a las y los jóvenes defensores de derechos humanos de la actualidad?

La vida del defensor de derechos humanos implica estar siete días a la semana pendiente del trabajo, siempre hay una situación emergente, ocurren a cualquier hora. Entonces siempre requiere estar en alerta o pendiente, lo que desgasta bastante no tener los suficientes descansos o no tener muchas posibilidades de desconexión. También requiere una buena dosis de tolerancia a la frustración, ya que no siempre las acciones que desarrollamos son exitosas. Requiere insistir, constancia, perseverancia y resiliencia porque sino es muy fácil decaer, todas las situaciones que tu ves o escuchas son situaciones de dolor, de injusticia, respecto de personas vulnerables. Evidentemente esto ha cambiado en el tiempo. La dictadura fue una situación más riesgosa y frustrante, pero con el advenimiento de la democracia, la ratificación de muchos tratados internacionales, con la modificación del Art. 5 de la Constitución que pone como límite al ejercicio de la soberanía el respeto por los derechos humanos y esenciales de las personas. Pone como obligación a todos los órganos del Estado el respetar y promover tales derechos y, por cierto, a toda la población también, además de un control de convencionalidad constante. Evidentemente esto fue un gran avance.

También cambia fundamentalmente después de la ley de amnistía y de la posición de los tribunales de no aplicar esta ley sin hacer un análisis respecto de la responsabilidad. La reforma procesal penal fue un avance fundamental para la justicia y el debido proceso. Sobre todo la vigencia de los tratados internacionales que permitió el avance en la legislación nacional, como la Convención por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Convención para eliminación de toda discriminación contra la mujer, la Convención Belén do Pará para la eliminación de todo tipo de violencia y todos los tratados de derechos humanos. Entonces, es muy diferente ser defensor de DD.HH. en democracia que en dictadura, pero es muy lamentable y frustrante ver visos de impunidad actualmente.

En este sentido, veo como el mayor desafío para los jóvenes defensores el sostener y mantener la democracia, de forma que no se puede permitir dejar en impunidad las violaciones de derechos humanos. Si eso ocurre hoy, las violaciones se volverán a repetir si no tenemos una intolerancia absoluta con ellas, volverán a ocurrir. No vamos a crecer como un país democrático y desarrollado. De ser así, continuaremos en un estado muy parecido a países poco serios en cuanto a las garantías de la democracia. Las y los defensores de derechos humanos tienen como gran desafío el sostener esta lucha porque efectivamente la legislación nacional, la actuación de los órganos del Estado se adecuen a los tratados internacionales que, a fin de cuentas, son el consenso de la humanidad sobre el bien y el futuro. Si no aprendemos, entendemos y enmendamos respecto de los errores del pasado, estamos muy cerca de volver a repetir los mismos hitos de impunidad de violaciones a los derechos humanos.

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