Función social, Derecho Internacional.
Derecho de Propiedad en la nueva Constitución: ¿Fortalecer o limitar?
El derecho de propiedad no es absoluto y está sujeto al cumplimiento de su función social. De ahí que es posible que un Estado pueda, en ejercicio de su soberanía, implementar leyes que permitan privar total o parcialmente a un particular de su dominio. Pero es indispensable, para justificar su legitimidad, que tal actuación sea recurrible ante jueces independientes, y que se enmarque en la protección del interés público y beneficio social.
Por Rodrigo Andrés Madariaga Basualto, UFT.
El Derecho de Propiedad privada se encuentra regulado en el artículo 19 N° 24 de nuestra actual Constitución, siendo uno de los derechos y garantías constitucionales más regulado y protegido de esta misma. Este derecho ha sido un tema central durante toda nuestra historia constitucional, debido a que es un derecho que ha servido a la autonomía, seguridad, libertad y también ha forjado el cimiento del progreso económico de los países y las personas.
Sin embargo, la Convención Constitucional aprobó en la Comisión de Derechos Fundamentales un nuevo estatuto sobre la propiedad y expropiación que pretende modificar la manera de plasmar el derecho a la propiedad privada en la nueva Carta Magna. ¿De qué manera debería ser tratado este derecho? ¿Se deberá limitar o extender sus facultades respecto de su función social? En esta oportunidad conversamos con Rodrigo Poyanco Bugueño, investigador y profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político de la Universidad Finis Terrae, Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, junto con Ivette Esis Villarroel, académica y docente en las áreas del Derecho Internacional Privado. Doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, España.
Comentarios (4)
Jorge Muñoz Discrepo, según este artículo, actualmente «puede el Estado expropiar, tal medida debe acompañarse de una serie de requisitos y del pago de una compensación oportuna, efectiva y adecuada.» y la propuesta «abre la puerta para que el legislador, por sí y ante sí, quien determine cuándo, cómo y cuánto pagar, pues no hay alusión a la necesidad de indemnizar el “daño patrimonial efectivamente causado”, ni se obliga al Estado a pagar antes de tomar posesión del bien expropiado. » Sin embargo, la propuesta a ser votada el 04/09 que reproduzco porque se explica casi por si misma y dice: Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. 2. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica. 3. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. 4. El propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. 5. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. 6. Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación siempre debe estar debidamente fundada. Conclusión:No sólo no es cierto lo que indica este artículo, si no que parece ser que no hay variación relevante en lo referido a la actual constitución.
Chileno Con esa Constitución separatista la expropiación y la indemnización quedarán en manos de los políticos en el Estado. Al eliminar el daño patrimonial efectivamente causado los políticos serán jueces y parte. El precio de la indemnización no será el precio de mercado, será el que determinen los políticos en el Estado.
Julio Segun lo que entiendo, y de acuerdo a la nueva proposicion el legislador tendria el derecho por ley declarar que es, de propiedad del individuo y su «justo pago» (que podria ser menor a lo real, dependiendo de la urgencia), seria en el tiempo, y forma que el (la ley) lo decida, la modificacion a aprobar, no aclara tiempo, monto y forma del «justo pago», de forma legal (valga la redundancia)? Favor corregirme si estoy equivocado. gracias
Jean Con esa Constitución hecha por la C. C. la expropiación y la indemnización quedarán en manos de los políticos en el Estado. Al eliminar el daño patrimonial efectivamente causado los políticos serán jueces y parte. El precio de la indemnización no será el precio de mercado, será el que determinen los políticos en el Estado.
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