Por Rodrigo Valdés Roa

Tras varios meses de debates, la Comisión Experta logró conseguir el reconocimiento del derecho a la salud. Sin embargo, la elección sobre el régimen al cual adscribirse quedó en blanco, siendo trabajo del Consejo Constitucional quien decidirá el futuro de dicha indicación.

En conversación con el Diario Constitucional, la diputada independiente por la región del Maule, María Mercedes Bulnes Núñez, quien hoy es parte de la bancada del Comité del Frente Amplio RD, Comunes y Convergencia Social, abordó la polémica que viven las Isapres y como tal, el complejo futuro que enfrentan tras el fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver un total de más de 1 billón de pesos a sus afiliados y afiliadas debido a los cobros excesivos.

 

1. En la Comisión Experta se aprobó el derecho a la salud, pero el literal que daba la posibilidad de elegir el régimen quedó en blanco debido a que no se llegó a acuerdo ¿Considera que se buscó “constitucionalizar” las Isapres? ¿Se debería entregar el derecho a elegir el régimen de salud?

A mi me parece que no debe constitucionalizarse un tema, porque, por una parte, complica mucho la legislación posterior y por otra, la posibilidad de modificar la Constitución en ese sentido. Siempre, esto último, es un problema político y jurídico, por lo tanto, mientras más abierta quede la forma de cómo se establecen los derechos, más fácil o más probable es que las distintas sensibilidades de la sociedad vayan reflejándose en la legislación posterior. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, tiene pocas normativas, pero fija el marco dentro del cual se van estableciendo los derechos.

Mientras menos amarras existan, más posibilidades hay de que la ley vaya ajustándose a la evolución del pensamiento social y pactos sociales, entonces no creo que se deba constitucionalizar un tema tan complejo como es el de la salud y sobre todo establecer en la Constitución dos regímenes de salud, me parece absurdo. Tiene que establecerse un derecho a la salud por cierto y que la ley vaya reflejando cómo se accede o como se profesionaliza este derecho.

 

2. ¿Está a favor de tener un sistema único de salud financiado totalmente por el Estado, además de que este garantice el derecho, su cobertura y acceso?

Yo estaría por eso, pero tampoco establecer constitucionalmente así ese derecho, porque la sociedad, en este momento, no está como para establecerlo en esos mismos términos. De hecho el proyecto constitucional que se rechazó el 4 de septiembre no lo establece así tampoco. Independientemente de que creo que debe haber un derecho a la salud universal para todos y que sea una base mínima, los seguros privados -como un seguro complementario como existe en Europa- me parecen bien.

 

3. Entonces a favor de un solo sistema

Yo estoy a favor de un sistema corregido, en el sentido de que pueda haber un sistema privado también, pero que sea con una cobertura mayor.

 

4. Un proyecto, presentado por la diputada Joanna Pérez, busca que las aseguradoras paguen la deuda por medio de la entrega de acciones y bonos a los cotizantes del sistema privado. ¿Está de acuerdo con esta propuesta? ¿Cómo se llevaría a cabo en el caso de que se aprobase?

A mi no me parece un buen sistema. Primero, porque obliga al acreedor a aceptar una forma de pago que no necesariamente puede acomodarse y no me parece ingresar, por medio de la ley, en el patrimonio de las personas. Me parece que es una manera poco adecuada atendido lo que es nuestra legislación y los derechos, particularmente, de propiedad; obligarme a aceptar un pago de manera diversa de la que yo la quiera aceptar, eso es entrar en un terreno que, me parece, peligroso. Estoy completamente en desacuerdo, pero por razones digamos propias del derecho civil.

 

5. En este sentido ¿Qué solución o propuesta podría presentar usted para que se mantenga, como comentó, el sector privado pero con una mayor cobertura en un solo sistema?

Se está discutiendo en el Congreso el tema de los seguros de salud en la materia de previsión. Yo creo que esta es una iniciativa particular del Ejecutivo, por lo que en definitiva tendremos que examinar el proyecto y ver qué voluntades políticas hay para avanzar en este sentido, independientemente lo que pueda ser la opinión de un determinado sector del parlamento y en definitiva de la opinión pública. Hay que ver cómo está la voluntad política, para avanzar en una reforma del sistema de salud y cómo fortalecer la salud pública. Me parece que es un tema político que hay que discutir en colectivo.

 

6. La Ley Corta contiene indicaciones como la entrega de mayores facultades a la Superintendencia para la aplicación de fallos de la Corte y también, plantea una modernización a Fonasa, lo que permitiría la contratación de seguros privados ¿Qué opinión tiene en cuanto a este proyecto presentado por el Ejecutivo?

No tengo ningún problema en que haya seguros privados de salud ni que haya tampoco seguros complementarios. Lo que me parece muy mal es que el sistema de salud público se rinda frente a los seguros privados, o sea que no fortalezcamos la salud pública, siendo que esta es la que llega a la mayoría de los chilenos. También, las Isapres, de alguna manera, usan la salud pública y reciben fondos de esta misma. Ha habido mucha transferencia de fondos de parte de la salud pública a la salud privada. La integración vertical en que las Isapres son las dueñas de las grandes clínicas, también es un tema que resolver (…) que legislar y no se ha hecho.

Es un tema complejo donde hay que entrar de manera muy profunda y seria, pero que requiere un diálogo y una conversación no de trincheras, porque lo peor en este tema es hablar desde la trinchera.

Las Isapres no es que se hayan encontrado con la sorpresa que salió de una sentencia (…) sino que estaban al tanto y estaban aplicando la tabla de factores sabiendo que no podían hacerlo, sobre todo si había una resolución de la Superintendencia de Salud que era del 2020.

Tenemos un holding que ha repartido utilidades en enormes cantidades, aunque las Isapres puedan haber perdido, los controladores ganaron. Podemos pedir facilidades, sin duda, y eso es un tema de Estado, donde el gobierno también está trabajando seriamente en el sistema, pero tampoco puede haber un “perdonazo” como el que proponen la senadora Rincón con el senador Walker. No es posible, porque yo no puedo perdonar deudas de terceros sin ingresar al patrimonio de los acreedores y eso podría ser una forma de expropiación, porque el deudor tiene un derecho a que se le pague y yo no puedo perdonar, como Estado, el crédito que tiene otra persona porque le estaría expropiando su crédito.

 

7. La encuesta Data Influye arrojó que sólo un 8% le pediría al Ejecutivo que salve a las Isapres. Considerando una posible quiebra, que fue planteada desde las Isapres ¿A qué se debe tan bajo respaldo a dichas empresas?

Yo creo que la gente está convencida de que ha habido un abuso por parte de las Isapres, porque es muy curioso: las Isapres plantean que dan beneficios, pero todos son pagados y contratados, entonces no dan beneficios, sino que otorgan el servicio que se les contrató, pero no siempre lo hacen y la gente siente eso. Por una parte, les gusta la Isapre por los bonos o la atención más rápida, pero por otro lado no están dispuestos a ser abusados. Yo creo que hay una conciencia a nivel nacional muy amplia que entiende que ha habido grandes abusos que tienen que ser corregidos.