Entrevista

Estado social y democrático de derecho, plurinacional - descentralización - Congreso unicameral.

Mauricio Daza, constituyente electo por el Distrito 28: «Debemos hacer cambios importantes en la administración de justicia, eliminando la intervención del ejecutivo en la designación de jueces, suprimir la figura de los abogados integrantes, y crear un órgano similar al Consejo General del Poder Judicial de España, o el Consejo Superior de la Magistratura italiano».

No está por eliminar la inversión extranjera, lo que cree es absurdo y no tendrá un apoyo mayoritario en la Constituyente. Lo anterior, sin perjuicio que es el momento de analizar y reflexionar sobre diversos aspectos relacionados con el estatuto que regula la inversión extranjera, sin prejuicios, lo que incluye evaluar la forma como ha funcionado para nuestro país la convención de Washington y el CIADI.

10 de junio de 2021

Por Elke von Loebenstein M.

Conversamos con Mauricio Daza, abogado, magister en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales y post grado en litigación penal de la Washigton College of Law, American University, constituyente electo por el Distrito 28.

Mauricio es conocido por ser uno de los abogados querellantes en los casos vinculados al financiamiento de la política: Penta, Corpesca, Cascadas y SQM. Es partidario de un Estado Social y Democrático de Derecho, que supere el Estado neoliberal subsidiario establecido por la constitución vigente, pero que también se haga cargo de las crisis que han experimentado de los Estados Sociales de Derecho a nivel internacional durante los últimas décadas.

Mauricio, quien participó en un Conversatorio organizado por el Diario sobre el Reglamento de la Convención, afirma que «queremos un nuevo Chile, pero instalado en el siglo XXI“, dice y aboga por que en la nueva constitución se incluyan “las necesidades y sueños de las comunidades que han sido históricamente más olvidadas, tales como las zonas rurales e insulares como Tierra del Fuego».

Entre las iniciativas de su propuesta destacan que Chile sea una «República democrática, plurinacional, diversa, con un Estado que se organiza de forma descentralizada» y cuya labor no sea de carácter «subsidiario, sino que actúe de forma activa para resguardar los derechos sociales fundamentales». El centralismo, asegura, es uno de los principales obstáculos para el real desarrollo de nuestras regiones, impidiendo proyectar nuestro país de forma armónica y sustentable hacia las próximas décadas.

1. ¿Podría mencionar los cambios positivos o negativos que considera más relevantes frente al nuevo texto constitucional?

Lo principal es que será una Constitución que contará con un nivel muy superior de legitimidad ante nuestra sociedad, la cual es finalmente la destinaria de sus normas. Esto como consecuencia de estar ante un proceso inédito en la historia de Chile, participativo y democrático, el cual permitirá bajo una regla paritaria, incorporar una efectiva representación de nuestros pueblos originarios y de sectores independientes ajenos a los partidos tradicionales que han capturado la política durante los últimos 30 años, y que actualmente cuentan una muy baja credibilidad ciudadana.

Desde este punto de vista, no creo que ningún cambio que incorpore la nueva constitución vaya a ser esencialmente negativo, ya que más allá de los contenidos específicos, estará conformada por normas que serán estables, al reflejar el consenso amplio de una convención que expresa adecuadamente la diversidad de nuestro país, lo que se dará bajo la reglas de los dos tercios y el punto de partida denominado como “hoja en blanco”.

 

2. Usted ¿es partidario de un Estado social de derecho, a través del fortalecimiento de las pensiones, sistema de salud y viviendas dignas? ¿Cuál es su propuesta concreta frente a estos temas? 

Soy partidario de un Estado Social y Democrático de Derecho, que supere el estado neoliberal subsidiario establecido por la constitución vigente, pero que también se haga cargo de las crisis que han experimentado de los Estados Sociales de Derecho a nivel internacional durante los últimas décadas. En este contexto, lo que se requiere es definir una catálogo acotado de derechos sociales, en los cuales el Estado tenga un rol activo, a fin de poder proveerlos de manera progresiva a las personas con prescindencia del lugar donde vivan y de sus recursos económicos. Sin embargo esto no será suficiente, y se generarán sólo declaraciones simbólicas y frustración ciudadana, si no establecemos paralelamente una forma de organización del Estado que permita realizar tales derechos, bajo los principios de probidad, transparencia y eficiencia, asociados a controles y mecanismos para hacer materialmente efectiva la responsabilidad de quienes los vulneren. También se requerirá definir las bases de un sistema tributario que permita obtener de forma justa los recursos necesarios para que el Estado garantice esos derechos, avanzando en un régimen eminentemente progresivo, sin exenciones salvo casos calificados que se justifiquen en claras razones de interés público,  además de un royalty minero y tributos especiales a quienes explotan bienes naciones de uso público, los cuales representan gran parte de nuestra actividad económica en la actualidad.

 

3. ¿Qué tipo de Estado necesita Chile? ¿Requiere una modernización (El Estado), cuáles son los aspectos que destacaría al respecto?

Chile necesita un Estado Social y Democrático de Derecho. En este sentido, debemos definir los principios a los cuales se debe someter el Estado en resguardo de los derechos individuales y políticos, pero también garantizando mecanismos para que el catálogo acotado de derechos sociales que establezcamos se concrete a través de su actuación directa.

Existe un aspecto que creo resulta muy relevante destacar y sobre el cual no se ha hablado mucho. Uno de los problemas más graves de nuestra constitución actual es que su regulación, en muchos sentidos es letra muerta, ya que en los casos concretos y graves cuando se deben hacer respetar los principios que fundan la organización del Estado, por lo general no se hacen efectivas las responsabilidades derivadas de su contravención. Lo anterior se da en diversos planos. Por ejemplo, la responsabilidad política de un parlamentario quien vota una ley vulnerando abiertamente el principio de probidad consagrado en la actual carta fundamental, se debería hacer efectiva naturalmente por la ciudadanía en las urnas durante la próxima elección; sin embargo, el sistema electoral vigente entrega enormes ventajas a los partidos políticos por sobre los independientes los cuales lo capturan en su favor, lo que determina tanto el candidato como partido incumbente tiene altas probabilidades de poder reelegir el escaño.

Es más, si un conjunto de personeros políticos que ocupan puestos importantes en el Estado son descubiertos realizando actos graves contra la probidad, la posibilidad de contar con una persecución penal efectiva que permita conocer la verdad de lo sucedido y castigarlos en su caso, con prescindencia de la posición de poder de las personas involucradas, ha demostrado ser baja. Esto, ya que quienes están a cargo de aquellos órganos que deben indagar, acusar y en su caso juzgar, están sometidos a normas de designación que no dan garantías objetivas de imparcialidad.

Debemos hacer cambios importantes en la administración de justicia, eliminando la intervención del ejecutivo en la designación de jueces, suprimir la figura de los abogados integrantes, y crear un órgano similar al “Consejo General del Poder Judicial” de España, o el “Consejo Superior de la Magistratura” italiano, por mencionar un par de referentes. Además tenemos que reformular la estructura orgánica del Ministerio Público, garantizando mecanismos de asignación de cargos y funciones basadas en criterios objetivos de merito y competencias y no en elementos de cercanía y amistad que hoy imperan en la Fiscalía.

Todo esto, sólo por mencionar algunos aspectos concretos de la reforma al Estado que debemos impulsar a partir de esta nueva carta fundamental.

 

4. Algunas consultoras han revelado que uno de los temas que más apoyo tendrá en la nueva Asamblea Constituyente será la de limitar o prohibir la inversión extranjera privada en Chile. Lo anterior pareciera un tema preocupante y complejo para el país en materia de producción y empleos ¿Cuál es su opinión sobre este tema?

No estoy por eliminar la inversión extranjera, lo que creo es absurdo y no tendrá un apoyo mayoritario en la Constituyente. Lo anterior, sin perjuicio que es el momento de analizar y reflexionar sobre diversos aspectos relacionados con el estatuto que regula la inversión extranjera, sin prejuicios, lo que incluye evaluar la forma como ha funcionado para nuestro país la convención de Washington y el CIADI.

Desde ya aprovecho de aclarar mi postura en cuanto que al ser un poder constituyente originario, las limitaciones sustantivas que la ley 21.200 impone a la Convención Constitucional no le son vinculantes, especialmente aquella relativa a los tratados internacionales en materia económica.

Creo en todo caso que lo que se debe hacer es regular mejor no sólo la inversión extranjera, la cual debe ingresar y desarrollarse en términos transparentes y justos, sino que en general la forma como realmente funcionan nuestros mercados. El detalle de esa regulación se debe establecer en la ley y no en la Constitución, más allá que los principios de la misma sí deben estar presentes en la nueva carta fundamental.

 

5. ¿Cuáles son los recursos que considera que deben otorgarse a las regiones, para evitar el excesivo centralismo y así dar soluciones más focalizadas y rápidas a la comunidad local?

En el contexto de un Estado Unitario, debemos desconcentrar y descentralizar administrativa y políticamente de manera real, y no sólo como una simple declaración simbólica y carente de contendido efectivo, como ocurre actualmente en nuestro país. Debemos hacer un traspaso de competencias desde la figura del Presidente de la República a los gobiernos regionales y locales, estableciendo además que las comunidades desde sus territorios no sólo podrán definir cual es su vocación de desarrollo, sino que también los gobiernos locales y regionales tendrán facultades suficientes para elaborar e implementar políticas públicas de forma coherente a partir de recursos sobre los cuales puedan tener un poder efectivo de disposición bajo dichos parámetros, pero sujetos a mecanismos de transparencia y control que impidan abusos.

El centralismo es uno de los principales obstáculos para el real desarrollo de nuestras regiones, impidiendo proyectar nuestro país de forma armónica y sustentable hacia las próximas décadas. Los modelos de gestión con un fuerte contenido regional no son inéditos, y existe experiencia comparada que nos puede servir de guía, además de otros proyectos que se han tratado de implementar en nuestro país de manera más acotada, como aquellos relacionados al manejo integrado de cuencas y ordenamiento territorial.

Sin perjuicio de todo esto, debemos reconocer y establecer mayores grados de autonomía para territorios insulares y zonas extremas, como Magallanes, cuya realidad y lejanía con el centro político y económico hacen especialmente difícil que la administración pueda diseñar y ejecutar políticas públicas oportunas que se hagan cargo de su realidad y necesidades. Este se trata de uno de los puntos más relevantes en el futuro debate constituyente, y puede tener un enorme impacto directo e inmediato en la vida de las millones de personas que viven en regiones, quienes han sido sistemáticamente relegados por décadas.

6. ¿Cree Usted que la educación debe ser un derecho garantizado, cómo proyecta al sistema educacional de Chile en los próximos años?

La nueva constitución deberá garantizar un catálogo acotado pero robusto de derechos sociales, los cuales el Estado provea como actor principal, y a los cuales las personas puedan acceder progresivamente con prescindencia del lugar donde viven y de sus recursos económicos. En este contexto, una educación de calidad debe estar dentro de las primeras prioridades.

En este sentido nos debemos mover desde la situación actual, en la que nuestra carta fundamental consagra este derecho, pero reduce su contendido a la posibilidad de elegir entre establecimientos educaciones, a un  régimen donde sea el Estado el cual tenga un rol central en proveerlo. Estimo que sin perjuicio de lo anterior, los privados también pueden organizarse a través de entidades sin fines de lucro para desarrollar proyectos educativos, pero bajo mínimos definidos claramente por la ley bajo un sistema de fiscalización autónomo y eficaz. Además, se debe permitir que parte de los currículum se puedan definir de manera  regional, de forma tal que se incorporen contenidos que permitan conocer, valorar y preservar  el enorme y diverso patrimonio cultural de cada zona de nuestro país.

Pero ninguna de estas definiciones servirán de mucho si es que no establecemos principios claros para organizar el Estado en términos tales que permitan concretar materialmente este derecho a una educación digna y de calidad, lo que exige avanzar con el fin del modelo de municipalización de la educación pública básica y secundaria intermediado por Corporaciones de Desarrollo Municipales que actualmente, en la mayoría de los casos, experimentan una profunda crisis económica acompañada en problemas graves de gestión. Necesitamos un modelo desconcentrado y descentralizado en términos efectivos, lo que no se satisface a mi juicio con la ley 21.040 que crea el sistema de educación  pública.

Por otra parte, se debemos atender la situación de la educación técnica y superior universitaria, la que se debe desarrollar tanto por el Estado como por entidades sin fines de lucro, a través de mecanismos que garanticen su calidad, además de impulsar decididamente la generación de más y mejor investigación, desarrollo e innovación, pero no sólo para cubrir los requerimientos del mercado, sino que con una visión de país integral para los próximos 50 años.  En este sentido, debemos relevar la función de las Universidades Públicas, garantizándoles presupuestos basales mínimos y suficientes, diferenciados según sus propias características y necesidades, como ocurre con la Universidad  de Magallanes y demás instituciones de zonas extremas.

 

7. ¿Qué se debe introducir en la nueva Constitución respecto a los pueblos originarios? Otorgar un reconocimiento constitucional, reconocer la diversidad cultural y/o definir a Chile como un Estado plurinacional?

Soy de la tesis de establecer a Chile como un Estado plurinacional. Creo que mas allá de los temores que esta noción produce en ciertos sectores, en caso alguno se pone en riesgo la unidad del país. La que haremos será reconocer adecuadamente a las comunidades indígenas que habitan desde tiempo inmemoriales el territorio, y empezar a incorporarlos al Estado de manera más profunda y efectiva. Lo anterior debe ir acompañado de una regulación que permita a las comunidades indígenas poder participar de forma real en el diseño e implementación de políticas públicas vinculadas a esos territorios, reconociéndoles determinados grados de autonomía. Lo anterior es perfectamente posible, como se demostró con el estatuto especial establecido en nuestro país respecto a Rapa Nui y conforme la experiencia comparada, como en los casos de Australia, Nueva Zelanda, entre muchos otros  casos.

 

8. ¿Qué cambios se le deben realizar al Tribunal Constitucional? Eliminar el control de los proyectos de ley durante su tramitación en el Congreso y/o reformar el sistema de nombramientos de los ministros integrantes o eliminar el Tribunal Constitucional y crear un nuevo órgano?

Debemos hacer cambios profundos a nuestro sistema de justicia constitucional. Sin duda que la actuación del Tribunal Constitucional durante los últimos años no se condice con los estándares de un Estado Democrático de Derecho en forma. Así es como vemos a ministros que en su mayoría no han estado a la altura de su responsabilidad, abusando de la inexistencia de control sobre sus decisiones y la ausencia de un estatuto que haga efectiva la responsabilidad por sus actuaciones indebidas, extendiendo más allá de lo debido su competencia, y decidiendo casos relevantes con criterios eminentemente políticos de corto plazo. Todo lo anterior se ve profundizado a partir de normas de designación que han permitido un cuoteo político partidista impresentable en el nombramiento de la mayoría del Tribunal, lo que ha derivado en que muchos operadores políticos sin las competencias académicas y personales necesarias para ser integrantes de una judicatura tan relevante como esta, puedan ser designados como ministros titulares del Tribunal Constitucional, e incluso presidirlo.

Necesitamos un control de constitucionalidad a cargo de un órgano integrado por personas intachables que cuenten con una trayectoria profesional consistente que de cuenta de las competencias que se requieren para integrarlo. Esta labor se puede dejar a una sala de una Corte Suprema reformada, o a una nueva “Corte Constitucional”, pero en cualquier caso el actual TC debe desaparecer.

Por otra parte, no estoy de acuerdo con que el control de constitucionalidad se haga mientras se debate un proyecto, sin perjuicio que también debemos revisar la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal en relación a un caso concreto, ya que este tipo de requerimiento en su forma actual ha dado pie a toda clase de abusos, afectando indebidamente la correcta administración de justicia en muchísimos casos.

 

9. ¿Debe haber un Congreso bicameral o unicameral? Si opina que debe ser bicameral, se debe dejar una de ellas para representación territorial y otra para la representación política o tal como está ahora?

Creo que debemos avanzar a un Congreso unicameral, el cual se encuentre integrado por personas elegidas a partir de un sistema electoral que permita representar debidamente a las regiones del país, mas allá de la población que actualmente existe en ellas, a fin de contar con una representación la cual facilite avanzar en leyes que se hagan cargo del desarrollo armónico de todas nuestras comunidades y sus territorios con una visión de largo plazo.

He trabajado vinculado con el Senado hace 15 años como asesor legislativo externo, y creo firmemente que se trata de un espacio que ha desnaturalizado progresivamente, transformándose en un espacio de negociación donde una mayoría trasversal a cargo de ciertos liderazgos colocan en un pie de igualdad el interés general junto al interés particular de ciertos grupos de interés, especialmente grandes grupos económicos de nuestro país, y lo negocian para definir políticas públicas y normativa, especialmente en los casos que afectan en mayor medida a esos grupos. Lo anterior, que se hace con bajos estándares de transparencia, parte de una base errada, ya que tales intereses en democracia no pesan lo mismo ni son equivalentes, lo que ha dado pie a una serie de decisiones que han ayudado al desprestigio y falta de credibilidad de nuestras instituciones democráticas. En todo caso creo que además será necesario regular de manera adecuada el proceso legislativo a fin garantizar que exista un espacio adecuado para el debate serio de proyectos, con lo que se puede suplir el rol de “cámara revisora” que existe en el sistema bicameral.

 

10. Actualmente en Chile existen los denominados quórums supramayoritarios usados para modificar las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las que interpretan a la Constitución política y casos especiales. ¿Qué cambios deben realizarse?

Creo que debe existir  un quórum calificado de dos tercios de los parlamentarios en ejercicio sólo para el caso de reformas constitucionales y leyes que la interpreten, además de la decisión para llamar a un plebiscito con la finalidad de iniciar un proceso constituyente que involucre un cambio orgánico de la carta fundamental, lo cual debe estar regulado en la nueva carta fundamental. En todo lo demás, la mayoría debería ser simple. Por otra parte, sólo dejaría como materias de iniciativa exclusiva del Presidente aquellas que generen un gasto fiscal directo.

 

11. ¿Se deben mantener  los cuatro años de mandato de la o el Presidente, pero con posibilidad de reelección inmediata durante otros cuatro años? ¿Debe alargarse a 6 años, sin reelección? ¿Debe alargarse el período a 5 años sin reelección inmediata o con reelección inmediata? ¿O deben mantenerse los cuatro años de mandato de la o el Presidente sin posibilidad de reelección?

Creo que deberíamos cambiar el ciclo político de cinco años para la duración de cargos de elección popular, tales como alcances, concejales, gobernadores y parlamentarios. En el caso del Presidente de la República estoy por un periodo de cinco años sin reelección inmediata, además de establecer un mecanismo que permita llamar a un referéndum revocatorio una vez cumplido la mitad de su periodo. Los cuatro años que contempla la actual constitución pueden ser muy cortos para que una administración pueda llevar a cabo su programa, pero también puede ser muy extenso en el caso que un gobierno tenga una gestión muy mala y desconectada de la ciudadanía, por lo que cinco años con referéndum revocatorio parece una opción equilibrada. En cualquier caso creo que no se debe permitir la reelección inmediata, ya que abre espacios para una primera administración que se centre demasiado en la próxima elección más que en hacer una buena gestión considerando de forma seria el interés general sin consideraciones electoralistas.

Agregue su comentario

Agregue su Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.