Por Carla Isidora Facuse Ramírez, Universidad de Chile

La iniciativa presentada el pasado 17 de abril en la Cámara de Diputados, modifica la Ley Nº21.325 de Migración y Extranjería, con el fin de tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional (Boletín Nº15261-25). El proyecto indica que si un migrante no cuenta con las condiciones para ser declarado como refugiado en el país, o reuniéndolas, hace ingreso al territorio nacional por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, será sancionado con penas que irán desde multas de 11 a 20 UTM, a pena de presidio menor en su grado mínimo.

El proyecto se discute en el contexto de una crisis migratoria que afecta la frontera norte del país, la cual se encuentra militarizada desde inicios de este año, y en el que las autoridades han entregado a las fuerzas armadas atribuciones de control migratorio. En este escenario el debate político se ha visto intensificado, en torno al aumento de la migración irregular y a su supuesta relación con la delincuencia y el crimen organizado.

Desde el oficialismo, indicaron que el proyecto estigmatiza un derecho humano fundamental como lo es la migración. Mientras, la bancada de Chile Vamos señaló que el ingreso irregular incumple la legislación migratoria de nuestro país, por lo que debe tener una sanción penal. Además, señalaron que el objetivo del proyecto es desincentivar por parte de los migrantes, el ingreso por pasos no habilitados al país, para así disminuir la migración irregular.

Al respecto, conversamos con Claudio Nash, abogado y profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Chile, sobre las implicancias que podría tener la aprobación del proyecto respecto a las personas en la frontera, y sobre si sería realmente efectivo para dar solución a la crisis migratoria.

1. ¿Cree que es efectivo este proyecto en cuanto a desincentivar la inmigración clandestina o  irregular?

Lo que pasa es que el fenómeno de la inmigración clandestina o irregular tiene características propias que la hacen especialmente compleja. Una de ellas es que se da en momentos de crisis, donde las personas están dispuestas a una movilidad humana en condiciones particularmente difíciles, incluso arriesgadas. De esta forma, el proyecto que busca desincentivar la migración irregular a través de la imposición de sanciones penales, obviamente no tendrá ninguna posibilidad de cumplir eficazmente con el objetivo planteado, ya que este costo de migrar en condiciones riesgosas o ilegales es parte de los costos que las personas están normalmente dispuestas a asumir.

2. La ley de migración actual, que entró en vigencia hace poco más de un año, establece que las personas migrantes no pueden ser criminalizadas solo por su condición de irregularidad. ¿Cómo afectaría esta modificación de la ley al derecho de migrar y al principio de la no devolución?

Más que afectarse el derecho o libertad de migrar, lo que un proyecto de criminalización de la migración haría es fortalecer las formas ilegales asociadas a la migración irregular. Por lo tanto, fortalecería a las organizaciones de crimen organizado que se dedican precisamente al traslado de personas en estos contextos de especial prohibición o dificultad: a mayores límites para la migración regular, no se termina con la migración, sino que lo que se hace es ampliar más las formas asociadas a la criminalidad vinculadas con este fenómeno.

 3. ¿Qué consecuencias puede tener esta tipificación para las personas que necesiten refugio o asilo político?

En el caso de las personas que solicitan refugio, obviamente que están en situaciones particulares de vulnerabilidad de sus derechos, y por lo tanto, las medidas jurídicas que tome un Estado para hacer más complejas las solicitudes de refugio o asilo, obviamente aumentarán la vulnerabilidad en que se encuentra este grupo humano. Por lo tanto, una legislación de este tipo sería una muy mala noticia para las personas que han debido salir de sus países en busca de protección; y en este caso sobre todo, ya que se trata de una protección que establece requisitos especialmente difíciles de cumplir y procedimientos altamente complejos. Entonces, con la amenaza de sanciones penales se los pone en una situación de todavía mayor vulnerabilidad.

4. Considerando la reciente elección de Consejeros Constitucionales, ¿cree usted que hubo un uso político de ciertos candidatos de la actual crisis migratoria?

Las crisis migratorias suelen traer aparejadas crisis sociales, donde aparecen cuestiones tan complejas como la xenofobia, la discriminación, el racismo, entre otras. Es evidente, en el caso de Chile que la primera oleada migratoria desde Venezuela, cuando llegaron fundamentalmente empresarios, no causó mayor impacto. Luego, una segunda oleada de profesionales tampoco. Lo que ha causado una crisis es una oleada justamente de personas provenientes de Venezuela (y otros países) en situación de pobreza y marginalidad, y en ese sentido la llegada también de organizaciones criminales está asociada precisamente a una crisis que termina siendo altamente lucrativa para estas organizaciones y también la posibilidad de entrar a otro país para ampliar su campo de control territorial. El gran control que tienen las organizaciones criminales es precisamente las rutas, a través de las cuales se puede traficar armas, drogas e incluso personas. En este sentido, esa crisis de seguridad ocasionada con el contexto de crisis migratoria, termina siendo utilizada políticamente para incentivar las pasiones de sectores de la población que se ven particularmente afectados por este fenómeno migratorio, y de esa manera obtener réditos políticos. En todo caso, mucho de esto es lo que viene pasando en Chile desde los últimos 4 o 5 años.

 5. ¿Qué le parece la reciente medida de crear un corredor humanitario entre Perú, Bolivia y Venezuela?

La migración irregular y el flujo migratorio producto de crisis como la que vive Venezuela actualmente, que es una crisis a nivel mundial en materia de migración, requiere esfuerzos coordinados de los distintos países. En este sentido, acuerdos entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, todos los países que han sido, o bien, parte del proceso de movilidad humana, o de destino final de esa movilidad, no tienen ninguna posibilidad de enfrentar este fenómeno sino de una manera coordinada y de una manera colaborativa. El que pretenda resolver esto simplemente cerrando sus fronteras no va a tener ninguna opción de llegar a buen puerto o dar fin a la crisis. En definitiva, creo que el problema es mucho más complejo como para que lo pueda enfrentar un solo país.

Ahora, desde el punto de vista del retorno de las personas a sus lugares de origen, por supuesto que también deben coordinarse para generar las facilidades para que este retorno se haga en condiciones dignas y de seguridad. En ese sentido, corredores humanitarios, y otras alternativas deben ser exploradas seriamente por los Estados, pero siempre bajo una lógica de coordinación internacional.

6. ¿De qué manera cree que debería abordarse la actual crisis migratoria? ¿Son necesarias más restricciones o controles en nuestras fronteras, o debe el enfoque ir para otro lado?

La actual crisis migratoria debe enfrentarse desde una perspectiva de derechos humanos. Aquí estamos hablando ante grupos humanos que han debido salir de sus países, atendida una crisis económica, social y política de grandes proporciones. En este sentido, enfrentar crisis de esta magnitud debe hacerse de forma coordinada entre los distintos países, siendo respetuosos de la posibilidad de ejercer la libertad de movimiento a nivel internacional, obviamente respetando las normas que cada país establece, pero que estas normas deben ser a su vez concordantes con los compromisos internacionales de los Estados. Por lo tanto, más que medidas restrictivas o de controles fronterizos, lo que se requiere son medidas para: aportar en la solución de los problemas de fondo que están ocasionando la migración, adoptar medidas para que esa migración que se produce poder regularizarla adecuadamente, generar condiciones dignas a las personas que están en estos procesos migratorios, y facilitar el acceso a condiciones mínimas de vida, en términos de vivienda, salud, educación, a quienes han tenido que moverse internacionalmente para poder enfrentar las crisis de sus propios países.

No podemos seguir pensando la migración en Chile desde un concepto de seguridad nacional, y menos aún seguir pensando en la migración como se ha hecho históricamente en este país, como una migración completamente discriminatoria y que facilita la migración de europeos y de personas adineradas, pero que es tremendamente dura y cruel con la migración pobre. El enfoque de la migración en Chile debe cambiar, y las políticas de criminalización que actualmente se intentan, van en un sentido opuesto a lo que debiera hacer el país en esta materia.