Su restricción compromete la libertad de expresión e información.
Acceder a Internet es un Derecho Humano por lo que la neutralidad de la red es reconocida en normativa internacional y fallos de distintos tribunales.
La relevancia que conlleva Internet para las sociedades democráticas y para la libertad de los ciudadanos es indiscutida.

Desde su inicio la neutralidad de Internet ha sido un principio esencial en su funcionamiento y supone tratar por igual todo tráfico de datos que transita por la red, sin discriminación, con igualdad de acceso a los contenidos.
La importancia de este valor básico llevó a la Unión Europea a dictar el Reglamento 2015/2120 de 25 de noviembre de 2015, que establece medidas en relación con el acceso a una Internet abierta a fin de garantizar un trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a Internet y salvaguardar los derechos de los usuarios finales, preservando el funcionamiento de Internet como motor de innovación. Las medidas que se adopten deben respetar así el principio de neutralidad tecnológica. No se debe imponer el uso de ningún tipo de tecnología en particular, ni permitir abusos que generen un desequilibrio entre los consumidores. Todo el tráfico que circula por una red debe ser tratado de forma igual, independientemente del contenido, la aplicación, el servicio, el dispositivo o la dirección del que lo envía o lo recibe.
La relevancia que conlleva Internet para las sociedades democráticas y para la libertad de los ciudadanos es indiscutida. Lo demuestra la sentencia de 18 de diciembre de 2012 dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Ahmet Yildirim contra Turquía), en la que el Tribunal de Estrasburgo resuelve que dada la importancia de Internet restringir el acceso al mismo equivale a afectar de forma contraria a Derecho la libertad de expresión e información. En el mismo sentido fallo el Consejo Constitucional francés el 10 de julio de 2009, al punto que declaró inconstitucionales varios artículos de una ley que habilitaba a la autoridad administrativa a restringir, y en algunos casos denegar el acceso a Internet a ciertas personas.
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