Al legislar se deben considerar los perjuicios que podrían sufrir las generaciones futuras al abordar problemas actuales en materia medioambiental, resuelve el Consejo Constitucional de Francia.

El Consejo Constitucional de Francia dictaminó que el legislador debe velar por que las opciones elegidas para responder a las necesidades del presente en materia medioambiental no comprometan la capacidad y el bienestar de las generaciones futuras, para así preservar su libertad de elección al respecto. La decisión fue adoptada en el marco de una cuestión de constitucionalidad promovida por el Consejo de Estado, que sometió a revisión algunas disposiciones de la Carta del Medio Ambiente.

La normativa impugnada especifica las modalidades para la creación de una instalación de “almacenamiento reversible de residuos radiactivos de alta y media actividad y de vida larga en una capa geológica profunda”, estableciendo además un régimen para proceder a su explotación. En relación a estas normas, los recurrentes alegaron que las disposiciones no garantizaban la reversibilidad del almacenamiento más allá de un período de cien años,

En su opinión, ello impedía que las generaciones futuras pudieran reconsiderar esa elección, cuando el daño irremediable causado al medio ambiente y, en particular, a los recursos hídricos podría comprometer su capacidad para satisfacer sus necesidades. Por estos motivos, consideraron que estas disposiciones vulneraban los derechos de los futuros habitantes de Francia.