Amnistía Internacional explica cómo la historia de una mujer desencadenó en Irlanda un movimiento por el derecho al aborto.

Esther Major, asesora general de Investigación, Europa, en Amnistía Internacional, expone el caso de Savita Halappanavar, que acudió al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Galway cuando estaba embarazada de su primer hijo, en 2012. Allí le dijeron que iba a tener un aborto espontáneo y que existía el riesgo de infección. Los médicos informaron a Savita y a su familia de que, debido a la legislación, no podían intervenir hasta que su vida corriera peligro, y se negaron a practicarle el aborto que pidió. Como consecuencia de esta denegación de atención médica urgente, Savita murió.

“Fue el fin del mundo”, dijo Praveen, el esposo de Savita, tras la muerte de ésta. De acuerdo a Major, la investigación sobre su muerte concluyó que la restrictiva posición constitucional de Irlanda sobre el aborto había sido un factor coadyuvante. El presidente independiente de la investigación, el profesor Sabaratnam Arulkumaran, confirmó ante una comisión del Parlamento irlandés en octubre de 2017 que, de no haber sido por la posición legal, se le habría practicado la interrupción del embarazo.

Luego la asesora arguye que como era de esperar, a la gente le indignó el carácter totalmente evitable de la trágica y prematura muerte de Savita. Cuando su familia dio a conocer con valentía su historia, ésta ganó enseguida los corazones de la opinión pública irlandesa, contribuyendo así a preparar el camino para el histórico referéndum de Irlanda. Hubo marchas al Parlamento, torrentes de mensajes indignados en las redes sociales y, quizá lo más importante, un ajuste de cuentas tardío en los medios de comunicación irlandeses, donde otras mujeres empezaron a dar a conocer sus propias experiencias a manos de este sistema cruel y anticuado.