Amnistía se pregunta si Gobierno de Ecuador protegerá a activistas indígenas de ataques.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, comenta que elegido en abril de 2017 tras ocupar durante seis años la vicepresidencia con Rafael Correa, Moreno buscó el apoyo de los grupos indígenas durante la campaña, distanciándose del presidente Correa, cuyas políticas y retórica habían tensado su relación con los pueblos indígenas. Tras tomar posesión de su cargo, Moreno tendió una rama de olivo al indultar a varios activistas indígenas muy conocidos que estaban en prisión por delitos supuestamente cometidos dos años antes, durante unas protestas.

Añade que cuando, un mes después, Moreno se reunió con dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador(CONAIE), fue la primera vez en ocho años que líderes y lideresas indígenas se reunían con el presidente en el palacio presidencial. Allí, le hicieron entrega de un documento en el que exponían sus principales motivos de preocupación y pidieron que su Gobierno protegiera a los defensores indígenas de los derechos humanos.

Pero, continúa Guevara, la luna de miel no duró mucho. El descontento de los y las activistas indígenas con los planes del Gobierno para atraer inversiones en minería, entre otras queja, aumentó y, a finales de 2017, la CONAIE lideró una marcha de varias semanas desde Puyo hasta Quito para exigir un “diálogo con resultados”. La marcha culminó en una reunión con Moreno, que prometió que no otorgaría nuevas concesiones mineras a empresas que no cumplieran sus obligaciones medioambientales.