CC de Colombia acogió amparo en favor de comunidad indígena por política estatal para erradicar cultivos en combate al narcotráfico.

La Corte Constitucional de Colombia acogió el amparo de derechos fundamentales a la consulta previa y posterior, deducida por autoridad indígena del resguardo de Puerto Nare y el Asesor agente representante para la Salvaguardia de la Cultura y Lengua del Pueblo Carijona del Resguardo de Puerto Nare (Guaviare) contra la Presidencia de la República y otros.

En su libelo, los amparados sostuvieron que la cultura, la lengua y el pueblo Carijona que habita en el resguardo de Puerto Nare (Guaviare) se encuentran en “peligro de extinción”, puesto que desde hace 10 años, el número de familias que lo componen se redujo de 146 a 42, entre los que se cuentan los últimos 2 sabedores de los ritos, bailes y canciones ancestrales -una abuela y un abuelo- y 16 de los últimos hablantes entre 30 y 77 años de edad. Agregan que dicha disminución en el número de integrantes de la comunidad se debe –entre otras causas- principalmente al desplazamiento de la población Carijona fuera del resguardo, con ocasión de las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos con glifosato que desde hace 20 años se realizan sobre el territorio en el cual se asienta esta comunidad étnica.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional colombiana expresa que en el caso concreto para la protección de los derechos fundamentales amenazados de la comunidad Carijona, resaltó la necesidad de reorientar la política de erradicación de cultivos a métodos de sustitución que, garantizando los derechos de las comunidades, resulten más efectivos para la eliminación de las plantaciones de uso ilícito en sus territorios. Asimismo, destaca la importancia de articular distintos métodos de erradicación y concertar los planes de contingencia para controlar los riesgos y prevenir, mitigar, compensar y corregir sus impactos, por supuesto, sin que esto implique una renuncia al deber del Estado de combatir el narcotráfico.