Drogas y derecho.
CEDD publicó estudio sobre respuestas estatales ante consumo de drogas en América Latina.
El análisis adujo que, “al priorizar el sistema penal sobre el de salud, los Estados han abdicado su responsabilidad frente a los usuarios que requieren tratamiento, dejando que sea el sector privado el principal proveedor de los servicios de rehabilitación y tratamiento”.

En días pasados, el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), publicó un nuevo estudio titulado “En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina”. Dicho informe, tuvo por objeto analizar las repuestas de los países miembros del Colectivo ante el consumo de drogas de uso ilícito, reuniendo a investigadores de 8 países de América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia.
A partir de los resultados de la investigación, se logró advertir que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente punitivas y represivas, por medio de instituciones penales y no de salud. Inclusive, en países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas.
El estudio también observó que la respuesta penal contribuye a generar un ambiente de estigmatización y discriminación hacia los usuarios de drogas, exponiéndolos a situaciones de corrupción, extorsión, maltrato físico, abuso sexual, detenciones arbitrarias y otras violaciones de sus derechos fundamentales. Lo anterior repercute de manera negativa en sus posibilidades de ser considerados de forma imparcial por policías y por el sistema judicial, vulnerándose, por tanto, el derecho a la salud, a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, a la no discriminación, a la información, al debido proceso, entre otros.
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