CIDH expresa profunda preocupación por tragedia humana, ambiental y laboral en Minas Gerais y llama a la reparación integral de las víctimas.

El 25 de enero de 2019, tuvo lugar la ruptura de un dique de contención de residuos mineros manejado por la empresa minera Vale S.A. en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Según información pública disponible, tal represa tenía un volumen de 12,7 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos, los cuales alcanzaron a la comunidad Vila Ferteco y a un área administrativa de la empresa. Hasta el momento, se contabiliza por lo menos 84 personas muertas, 24.000 personas evacuadas y alrededor de 276 personas desaparecidas, lo que incluye trabajadores directos y personal laboral tercerizado de la empresa Vale S.A..

Ante estos lamentables hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su profundo pesar y solidaridad hacia todas las víctimas y comunidades afectadas, así como su preocupación por la magnitud de la tragedia en términos humanos, ambientales y laborales, urgiendo a que las autoridades brasileñas y la empresa involucrada tomen todas las medidas necesarias para mitigar y evitar el agravamiento de los daños al medio ambiente, como para asistir y facilitar mecanismos de reparación a las víctimas y a sus familiares. De no tomarse medidas urgentes y apropiadas, las consecuencias de este desastre podrían ser irreversibles debido al impacto negativo que la contaminación de los suelos y el agua por metales pesados genera y los altos riesgos para la salud de las personas afectadas por la tragedia.

De conformidad al informe sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas de la CIDH, el Estado tiene el deber de proteger a las personas dentro de su territorio o jurisdicción contras todas las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluyendo a las empresas. En consecuencia, los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para regular, prevenir, investigar, castigar y asegurar el acceso a mecanismos eficaces de reparación por esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia de las empresas involucradas. La CIDH y su REDESCA también subrayan que las empresas deben respetar los derechos humanos no solo absteniéndose de infringirlos sino ejerciendo la debida diligencia en materia de derechos humanos, por ejemplo, evaluando con anticipación los riesgos que su actividad productiva o comercial puede generar sobre los derechos humanos, incluido el medio ambiente; adaptando medidas adecuadas de prevención; y, respondiendo ante los impactos negativos y violaciones a los derechos humanos que provoquen o contribuyan a provocar.