Garantizar vigencia de derechos.
CIDH manifiesta preocupación ante denuncias sobre espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Corresponde al Estado garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública sobre programas de vigilancia o espionaje.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta preocupación ante las denuncias sobre supuesto espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos en México e insta al Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente.
Según información difundida por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre enero de 2015 y agosto de 2016, se habrían registrado 97 intentos de infección de los teléfonos portátiles de periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y políticos con un software malicioso (malware) de espionaje, conocido como "Pegasus”. De acuerdo con la información revelada, el malware afectaría al teléfono inteligente, permitiendo “el acceso a los archivos guardados en el equipo, así como a los contactos, mensajes, correos electrónicos. El malware también obtiene permisos para usar, sin que el objetivo lo sepa, el micrófono y la cámara del dispositivo”. Los hechos también fueron informados e investigados por el diario The New York Times y expertos informáticos independientes.
Entre las 19 personas que habrían sido objeto de intentos de infección con "Pegasus" en México, se encuentran los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, los defensores Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y al menos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Al momento de los ataques denunciados, las víctimas investigaban e informaban sobre hechos de marcado interés público y/o desarrollaban acciones de defensa de graves violaciones a los derechos humanos.
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