Diario Constitucional

Garantizar vigencia de derechos.

CIDH manifiesta preocupación ante denuncias sobre espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos en México.

Corresponde al Estado garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información pública sobre programas de vigilancia o espionaje.

Por Redacción·13 de julio de 2017·5 min de lectura
CIDH manifiesta preocupación ante denuncias sobre espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Referencial

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta preocupación ante las denuncias sobre supuesto espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos en México e insta al Estado a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente.

Según información difundida por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre enero de 2015 y agosto de 2016, se habrían registrado 97 intentos de infección de los teléfonos portátiles de periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y políticos con un software malicioso (malware) de espionaje, conocido como "Pegasus”. De acuerdo con la información revelada, el malware afectaría al teléfono inteligente, permitiendo “el acceso a los archivos guardados en el equipo, así como a los contactos, mensajes, correos electrónicos. El malware también obtiene permisos para usar, sin que el objetivo lo sepa, el micrófono y la cámara del dispositivo”. Los hechos también fueron informados e investigados por el diario The New York Times y expertos informáticos independientes.

Entre las 19 personas que habrían sido objeto de intentos de infección con "Pegasus" en México, se encuentran los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, los defensores Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y al menos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado mediante un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Al momento de los ataques denunciados, las víctimas investigaban e informaban sobre hechos de marcado interés público y/o desarrollaban acciones de defensa de graves violaciones a los derechos humanos.

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