CIDH y Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos destacan recomendación de la CNDH para la protección de desplazados internos en México.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos destacan la recomendación No. 39/2017, adoptada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mediante la cual se reconoce que 2,038 personas originarias de los municipios de Choix y Sinaloa de Leyva, del estado de Sinaloa, se vieron forzadas a desplazarse a causa de la violencia y la falta de medidas de seguridad por parte de autoridades estatales y municipales.

Ambas entidades enfatizan que este es el primer pronunciamiento de una autoridad mexicana en el que se reconoce el derecho humano a no ser víctima de desplazamiento interno forzado en México como consecuencia de la violencia.

De acuerdo a la CIDH, en la Recomendación No. 39/2017, la CNDH consideró procedente la reparación de las personas desplazadas internas mediante medidas de restitución tendientes a proteger los derechos a la propiedad de las personas desplazadas internas; medidas de rehabilitación, incluyendo el diseño e implementación de un programa de atención inmediata para las personas desplazadas internas; medidas de satisfacción, como la elaboración de un diagnóstico que permita conocer, como mínimo, el estado actual de inseguridad en los municipios de Choix y Sinaloa de Leyva y el diseño e implementación de un protocolo de seguridad que tenga como objetivo bajar los índices de violencia para que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares; y garantías de no repetición, mismas que incluyen un censo de personas que se han desplazado internamente, diagnóstico, protocolos de actuación para garantizar los derechos de las personas desplazadas internas, una iniciativa de ley para la prevención del desplazamiento interno en Sinaloa y un protocolo de investigación de los casos de desplazamiento forzado interno de personas, mediante el cual se investiguen los hechos y delitos relacionados con el desplazamiento.