Violación del derecho a conocer la verdad.
Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a El Salvador por desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado interno.
Toda persona, incluyendo los familiares de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En contextos de desaparición forzada, el derecho a la verdad incluye también el derecho a ser informados de las diligencias practicadas y de los resultados obtenidos. En este caso, más de 41 años desde la desaparición forzada de las víctimas, ha existido una total impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de El Salvador por la desaparición forzada de tres personas, incluida una defensora de los derechos humanos, durante el conflicto armado interno vivido en el país (1980-1991). Dictaminó la responsabilidad internacional del Estado por la falta de investigación en el caso y la existencia de impunidad.
Patricia Emilie Cuéllar Sandoval fue una colaboradora activa de movimientos cristianos de la iglesia católica y secretaria de la Oficina para el Socorro Jurídico del Arzobispado de El Salvador entre 1979 y 1980. Desde que inició su labor en dicha oficina, fue objeto de persecución por agentes estatales, incluyendo un allanamiento en su residencia en 1978 por parte de aproximadamente 50 agentes de la Policía Nacional. En 1980, los cuerpos de seguridad allanaron la Oficina del Socorro Jurídico, calificando a sus miembros de «subversivos».
En 1982, salió de su casa en San Salvador y no regresó a recoger a sus hijos de la guardería, siendo reportada como desaparecida esa misma noche. Más tarde, soldados armados con uniformes militares ingresaron en su casa. Durante las últimas horas de ese día y la madrugada siguiente, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez también fueron sacados de su domicilio, desconociéndose hasta la fecha su paradero.
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