Entre ellas la Universidad de Harvard y el MIT.
Demanda antimonopolio se interpone contra cuarenta universidades privadas de Estados Unidos supuestamente coludidas para aumentar los precios de matrículas.
La demanda busca establecer que la conducta de las universidades y del College Board constituye una violación de las leyes antimonopolio, al suprimir la competencia y coordinar la fijación de precios a través de un acuerdo horizontal entre las instituciones involucradas.

Un grupo de estudiantes presentó una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, en la que se acusa a cuarenta universidades privadas de Estados Unidos, entre ellas MIT, NYU y Harvard, así como al College Board, de presunta violación de la legislación antimonopolio. La demanda alega que estas instituciones participaron en una colusión para incrementar el costo de las matrículas mediante la imposición de requisitos financieros adicionales en el proceso de solicitud de ayuda financiera.
El reclamo se centra en la exigencia impuesta a los solicitantes de ayuda financiera no federal de incluir los ingresos y activos de los padres sin custodia en sus solicitudes. Según la demanda, las universidades habrían acordado con el College Board considerar dicha información a la hora de determinar la ayuda financiera, independientemente de si los padres sin custodia contribuían realmente con los costos de la educación del estudiante. Se aduce que esta práctica habría impedido la competencia entre las instituciones para ofrecer mejores condiciones de ayuda financiera, afectando directamente el costo final de la matrícula.
El College Board es señalado en la demanda por haber instaurado el uso obligatorio del Perfil CSS, una herramienta utilizada para evaluar la capacidad financiera de los solicitantes de ayuda institucional no federal. Este sistema, según los demandantes, obliga a las universidades a tomar en cuenta tanto los ingresos del padre con custodia como del padre sin custodia, lo cual, se alega, deriva en una estimación de contribución familiar que no refleja adecuadamente la realidad financiera de muchas familias, especialmente aquellas con padres divorciados.
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