Tráfico ilegal de armas de fuego.
Demanda que el gobierno de México interpuso contra fabricantes de armas estadounidenses fue desestimada por un tribunal federal de Estados Unidos.
El argumento de México, basado en la probabilidad estadística de que algunas de las armas vendidas en Massachusetts fueran eventualmente traficadas ilegalmente a su territorio, fue considerado insuficiente para establecer la jurisdicción.

Un juez federal de Estados Unidos desestimó la mayor parte de una demanda interpuesta por el gobierno de México. Esta demanda, en la que se exigía un valor estimado de 10.000 millones de dólares, fue presentada contra varios fabricantes de armas estadounidenses, a quienes se acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armas de fuego a través de la frontera hacia México, armas que, según las alegaciones, habrían sido utilizadas por cárteles de la droga.
El fallo emitido por el juez Saylor, quien ejerce en el distrito de Boston, afecta a seis de las ocho empresas demandadas, entre las que se encuentran Sturm, Ruger y Glock. El juez fundamentó su decisión en la falta de conexión sustancial entre estas empresas y el estado de Massachusetts, argumentando que la relación entre las actividades de estas compañías y dicho estado es «tenue». En consecuencia, se determinó que no existía jurisdicción adecuada para mantener las reclamaciones en ese foro.
Por parte de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que la decisión judicial no concluye el proceso contra las seis empresas mencionadas, indicando que se está evaluando la posibilidad de apelar la decisión o de iniciar nuevas acciones legales en otros tribunales dentro de los Estados Unidos. Las dos empresas restantes, Smith & Wesson Brands y Witmer Public Safety Group, siguen siendo parte de la demanda.
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